Con la disculpa de una actuación judicial muy concreta, y en todo caso no extrapolable a otros casos, asistimos a un nuevo asalto contra el principio de presunción de inocencia y contra las garantías procesales de un juicio justo.
Desde el entorno de la modelo María Sanjuan se ha iniciado una inasumible campaña de desprestigio contra un Magistrado, campaña a la que lamentablemente se han unido diversas asociaciones como la Fundación Mujeres o la Asociación de Mujeres Juristas Themis .
Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia, denunciamos los efectos perversos de este tipo de campañas y el flaco favor que se hace a las auténticas víctimas de cualquier tipo de maltrato, sean del sexo que sea.

El asesinato del pequeño Aarón a manos de su madre y de su actual pareja pone en entredicho la Ley de Violencia de Género, y demuestra que la inspiración ideológica de las normas penales no son un remedio para la solución de la violencia intrafamiliar.

---

Madrid, a 19 de septiembre de 2018.- El pasado jueves 13 de septiembre una mujer de 27 años (madre del menor) y su pareja de 25 años ingresaron a un niño de dos años en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche. El ingreso era motivado por un fuerte traumatismo craneoencefálico, supuestamente ocurrido por una caída en el baño. Sin embargo, el pequeño, llamado Aarón, no pudo superar la severidad de sus lesiones y falleció el lunes 17 de septiembre.

A raíz de estos sucesos la ciudadanía ha descubierto la perversidad de la madre, de su nueva pareja, y del sistema judicial fundado en la Ideología de género.

Y es que resulta que la madre, residente en Madrid, se separó el padre del pequeño, y decidió cambiar de domicilio con su nueva pareja, e irse a vivir a Elche, y para evitar que el padre del menor pudiera ponerle algún obstáculo legal para realizar el traslado le denunció por violencia de género, imponiéndose al padre biológico, de manera prácticamente automática, una orden de alejamiento e incomunicación. Esta orden fue responsable de que desde el mes de abril ni el padre ni la abuela materna pudieran tener contacto alguno con el niño, pues de hecho la presunta homicida les quitó de Facebook y de Whatsapp y ni siquiera les dejó ver a Aarón el día de su cumpleaños.

Este alejamiento forzoso de la familia paterna con respecto al menor facilitó el comportamiento maltratante de la madre y de su pareja, que acabó con la muerte del menor. Y es que con motivo del ingreso en el Centro Hospitalario se descubrieron lesiones antiguas que demostraban que el menor estaba siendo maltratado, lo que han podido confirmar los vecinos de la pareja en Elche, por cuanto al parecer siempre se escuchaba al niño llorar.

Por tanto, es evidente que esta orden de alejamiento del padre, impidió que el padre biológico, al ver el maltrato del menor, pudiera denunciar los hechos a las autoridades competentes, de tal manera que se hubiera evitado la trágica muerte de Aarón.

Al respecto, debemos recordar que en España mueren asesinados anualmente una media de 20 menores, y mayoritariamente lo hacen a manos de sus madres biológicas o de las parejas de ésta, y solo en una minoría a manos de sus padres biológicos. Sin embargo, la legislación de género imperante en España presume siempre la culpabilidad del varón por ser varón y exculpa siempre a la madre de cualquier agresión cuando el padre denuncia estos hechos. Tal proceder, lógicamente, pone en riesgo a los menores, pues lo que parece evidente es que el único comportamiento conforme a Justicia, Equidad e Igualdad sería estudiar las denuncias por maltrato exactamente con el mismo protocolo con independencia del sexo del denunciante o del denunciado.

Lo más vergonzoso, con todo, es que cada vez se dan más casos de menores maltratados por sus madres o parejas y sin embargo la administración y la política permanece callada, pues hechos como el asesinato del pequeño Aarón ponen en evidencia la injusta ideología de género imperante en nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo ello, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia solicitamos al Gobierno que tome en consideración la derogación total de la Ley de Violencia de Género, y se tome en serio la lucha contra la violencia intrafamiliar, adoptando una nueva política legislativa desde el principio de neutralidad ideológica, estableciéndose en las futuros desarrollos legislativos como principio básico la prevención de este tipo de delitos, independientemente del sexo del victimario y de la víctima, respetando los principios de presunción de inocencia, y no discriminación por razón del sexo.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia consideramos igualmente que la  clave de bóveda de cualquier sistema de protección contra la violencia intrafamiliar ha de ser la protección integral de la víctima, sin distinción alguna por razón de sexo, y el respeto máximo a la imparcial actuación de la justicia, sin injerencias políticas o ideológicas.

Tras la apertura del periodo de consulta pública al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, la Asociación Europea de Abogados de Familia presenta un informe solicitando que la futura ley defienda la Custodia Compartida como mejor medida para la protección de los menores tras los procesos de ruptura de pareja, y reconozca el derecho de los menores al libre desarrollo físico, mental y moral sin injerencias del poder político, eliminando de los planes de estudios y de las políticas oficiales cualquier imposición de la llamada “ideología de género”.

Con las medidas propuestas la Asociación Europea de Abogados de Familia pretende poner límites a la violencia institucional contra la infancia.

Madrid, a 17 de septiembre de 2018.- Dado el fundado interés de la Asociación Europea de Abogados de Familia en la protección integral de los menores frente a cualquier tipo de violencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Asociación, en defensa de los intereses de los menores, ha presentado ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social un informe en el periodo de consulta pública para la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia.

En su informe la Asociación Europea de Abogados de Familia solicita que la futura legislación preste especial atención a un tipo de violencia contra la infancia que suele pasar desapercibida: la violencia institucional contra la infancia.

La Asociación Europea de Abogados de Familia quiere recordar que existe la obligación de los poderes públicos de abstenerse de desarrollar, propiciar, o incentivar actuaciones y políticas públicas que puedan suponer un perjuicio para la infancia, existiendo igualmente la obligación por parte de los poderes públicos de abstenerse de practicar cualquier tipo de violencia contra la infancia, o desarrollar políticas de agresión a la libertad de las familias en la educación de los menores, siendo una realidad incuestionable que los poderes públicos llevan años abdicando de su obligación en la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral de los menores, mediante desarrollos legislativos que atacan la integridad moral y física de los menores (hipersexualización de la infancia y adoctrinamiento educativo),  atacan el libre desarrollo y el mantenimiento de las relaciones familiares en los supuestos de rupturas matrimoniales o de pareja, poniendo trabas al libre ejercicio de la patria potestad, o impidiendo la relación entre los menores y sus progenitores (impidiendo la custodia compartida),  o fomentando, mediante la pasividad de los poderes públicos, el tráfico de menores (vientres de alquiler).

La dilatada experiencia de la Asociación Europea de Abogados de Familia en derecho de familia, y protección de los menores, le permite presentar este breve informe solicitando a nuestros legisladores la toma en consideración de nuevas perspectivas para abordar el problema de la violencia contra los menores.

La necesidad imperiosa de abordar la violencia contra la infancia desde perspectivas técnico-jurídicas alejadas de cualquier influencia ideológica que permita configurar una norma desde el principio de neutralidad ideológica que ha de inspirar cualquier norma jurídica que pretende contar con el necesario apoyo social, ha motivado que la Asociación Europea de Abogados de Familia quiera compartir su larga experiencia en el proceso de Consulta Pública abierto por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, defendiendo el principio de “mínima intervención pública” en las relaciones familiares.

En este sentido cabe citar que  en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España, ya se resalta la violencia ejercitada por los poderes públicos, al manifestar el referido Comité que “el Comité está seriamente preocupado por:  a) El elevado número de niños atendidos en centros de acogida y el hecho de que, en la práctica, este tipo de atención es la opción principal utilizada como medida inicial;  b) La insuficiencia de recursos, que tiene como consecuencia demoras en la asunción de la tutela por el Estado y las deficiencias de las instalaciones y el hacinamiento en algunos centros de acogida;  c) Los casos de malos tratos y de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida, incluso denuncias de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos médicos erróneos y tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de vigilancia y denuncia centrados en los niños y de mecanismos de queja a disposición de estos;  d) El apoyo insuficiente a los niños en su transición de la infancia a la edad adulta”

Desde una perspectiva apoyada en la realidad de los hechos y en la realidad social, es fácil concluir que actualmente los poderes públicos son responsables de dos tipos de violencia contra la infancia que la Asociación Europea de Abogados de Familia teme pasen desapercibidas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia, a saber:

-              El maltrato institucional caracterizado por la falta de apoyo a las familias y parejas en fase de ruptura, y la falta de apoyo institucional a la corresponsabilidad parental tras la ruptura matrimonial o de pareja (custodia compartida).

-              El maltrato institucional caracterizado por políticas educativas que impiden al menor el tránsito natural por el periodo de infancia y pubertad, provocando una hipersexualización de la infancia que desemboca en violencia y trivialización de las relaciones de pareja, y que suponen una ilegítima intromisión de los poderes públicos en la libertad individual y familiar de los menores, a través de la manipulación ideológica de la infancia, en un momento de sus vidas en que se encuentran indefensos ante cualquier tipo de ideologización estatal.

Por todo ello en el informe presentado ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la Asociación Europea de Abogados de Familia aboga por:

A)              La creación de un Instituto de Mediación Familiar para la Protección de los Menores, que interceda en los procesos de separación y divorcio (cuando existen menores afectados), con el fin de tratar de evitar la consumación de la separación y divorcio, creando espacios de diálogos en los que los padres puedan solucionar la crisis matrimonial o de pareja de forma satisfactoria.

B)              El incentivo de la custodia compartida en los casos de ruptura matrimonial o de pareja, dado que la realidad demuestra que el régimen de custodia compartida tras la separación o divorcio, es decir la corresponsabilidad parental tras la ruptura de la pareja, es la decisión más beneficiosa para la protección de menor, por cuanto evita la orfandad legal de los menores, y evita la creación de vacíos parentales que pueden ser causas de desprotección de los menores que faciliten la comisión de violencia frente a los mismos, violencia ejercitada ya sea por el otro progenitor, por las instituciones, o por el propio entorno del menor, que aprovechando el desamparo, la frustración y el complejo de culpabilidad del menor, realicen hechos que pueden ser catalogados como violencia infantil (ya sea física o emocional).

C) La eliminación del maltrato institucional caracterizado por políticas educativas que impiden al menor el tránsito natural por el periodo de infancia y pubertad.

Actualmente en España los niños y las familias están expuestos a una violencia institucional caracterizada por la intromisión de los poderes públicos en la vida familiar mediante la ideologización de la infancia, sin respeto alguno a la libertad educativa de los padres, y al libre desarrollo psíquico, intelectual y moral de los menores. Dicha intromisión viene caracterizada por planes educativos que, lejos de la neutralidad ideológica a la que deberían tender, pretenden ideologizar a los menores, violentando el libre desarrollo emocional de los mismos.

No deja de ser significativo que según avanza la imposición de la ideología de género en los colegios e institutos se disparan las cifras de abusos sexuales entre menores; así en su último informa la Fiscalía General del Estado ha advertido de un importante aumento de los abusos sexuales cometidos por menores en 2017, recogiéndose que en 2017 se cometieron 1389 delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Sin duda alguna este aumento de delitos de naturaleza sexual y violenta se debe a la promoción por parte de los Instituciones Públicas (mediante los actuales planes de estudios, y múltiples campañas publicitarias) de estereotipos injustificados en los que se trata de ideologizar a los menores convenciéndoles del estereotipo del varón violento que tiene que demostrar su virilidad a través del abuso y la violencia.

Igualmente, los poderes públicos están incentivando, mediante una educación sexual descontextualizada a la edad de los menores, las relaciones sexuales precoces, que no sólo suponen un riesgo para su salud física, sino que ante todo son un riesgo para su salud mental, al distorsionar los tiempos necesarios para la maduración personal, siendo este incentivo de la sexualidad un caso extremo de violencia institucional contra la infancia. Por todo ello cualquier anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral Frente a la Violencia contra la Infancia tiene que tener como objetivo la prevención de la violencia institucional, evitando que los planes de estudios y las políticas legislativas conviertan a los menores en víctimas de la ideología, y transmitan visiones distorsionadas de la realidad que fomenten entre la infancia actitudes violentas, y sentimientos de frustración y fracaso.

Por todo ello en el informe presentado por la Asociación Europea de Abogados de Familia se solicita que el Anteproyecto de Ley Orgánica recoja expresamente:

- El derecho de la infancia al libre desarrollo físico, mental y moral sin injerencias del poder político, ni de las administraciones.

- El derecho de los padres a la libertad educativa de sus hijos, dotando a las familias de instrumentos legales para defender el principio de la “mínima intervención pública” y el principio de la libertad educativa.

- Reconozca a los Centros Educativos la libertad de enseñanza, dotándoles a los mismos de instrumentos legales para evitar el adoctrinamiento político e ideológico de los profesores y los alumnos.

Recursos informativos:

-          Informe presentado ante el Ministerio de Sanidad por la Asociación Europea de Abogados de familia (pulse aquí).

-          Apertura del periodo de consulta pública al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia por parte del Ministerio de Educación, Consumo y Bienestar Social (pulse aquí).

Nuevamente, con motivo de la Sentencia de condena a Juana Rivas, asistimos al intento de los políticos de acabar con la división de poderes y de imponer un totalitarismo ideológico incompatible con la democracia.
Juana Rivas ha sido condenada aplicando correctamente el Código Penal, y no ha mostrado arrepentimiento ninguno, por lo no cabe la posibilidad de indulto que anticipadamente ha anunciado el gobierno del PSOE.

Madrid.- 27 de julio de 2018 .- Con motivo de la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, gran parte de los representantes políticos, y muy concretamente el Gobierno de España, han hecho declaraciones incompatibles con un Estado Democrático de Derecho que tiene consagrada la división de poderes.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia nos vemos obligados a aclarar varias cuestiones en relación al asunto de Juana Rivas. A saber:

1º.- Juana Rivas ha sido condenada por un delito contemplado en el artículo 225 bis de nuestro Código Penal. La introducción de este artículo estuvo precedida por la Recomendación 66/1999, de 17 de noviembre del Defensor del Pueblo con objeto de facilitar «la expedición de órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición». Tal recomendación, ante el aumento constante de casos de sustracción de menores (protagonizados generalmente por sus madres) fue acogida por el PSOE que en fecha 24 de abril de 2000 presentó una proposición de Ley, a la que se unió otra posterior, de 9 de junio de 2000, del Grupo Popular.

Debemos recordar que es un delito que existe en prácticamente todos los países democráticos de nuestro entorno.

2º.- No es cierta que la condena haya sido especialmente dura. Y ello en tanto en cuanto  el artículo 225 bis establece una condena de «dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años». Sin embargo es el único delito del Código Penal que permite la exención total de la pena si el infractor (el que sustrae al menor) comunica dentro de las 24 horas siguientes a tener conocimiento de la denuncia el domicilio donde se haya y se compromete a devolverlo de forma inmediata. Igualmente, el citado artículo permite otro arrepentimiento aún más tardío, pues si se devuelve a los menores en los 15 días siguientes la condena de reduce a una de entre 6 meses y dos años, con lo cual la imposición de la pena ya lleva aparejada el ingreso en prisión, como sucede con las penas superiores a dos años de prisión. Sin embargo, Juana Rivas en ningún momento quiso acogerse a esas dos posibilidades, por lo que no puede pretender que se le impusiera una pena más leve de la finalmente impuesta.

3º El delito de sustracción de menores es un delito que en todos las legislaciones de los Estados Democráticos tienen penas elevadas por cuanto al fin y al cabo la sustracción es una forma de maltrato a los menores, por cuanto les impide el debido contacto con su otro progenitor. Contacto que todos los psicólogos coinciden en señalar como un elemento necesario para el correcto desarrollo psicológico de los menores. Por eso no podemos olvidar que el caso de Juana Rivas no es nada excepcional. Así, por ejemplo, en el año 2015 32 personas fueron condenadas por este delito en España. De ellos 15 fueron hombres y 17 mujeres, en prácticamente todos los casos se alega como único argumento de defensa que el otro progenitor maltrataba a los hijos. Del mismo modo debemos destacar que este delito es prácticamente el único en donde el número de mujeres condenadas es anualmente superior al número de hombres condenados.

4º En el presente caso, Juan Rivas desobedeció contumazmente varias resoluciones judiciales españolas e italianas, pretendiendo que se impusiera su criterio subjetivo sobre el criterio objeto de varios tribunales que no apreciaron nunca riesgo para los menores ni forma de maltrato alguno por parte del padre. En cambio sí constataron el maltrato materno por el solo hecho de la sustracción. La Sentencia de condena es especialmente clara al describir el comportamiento de la Sra. Rivas. La Sra. Rivas siempre ha hecho mención a que su esposo fue condenado en el año 2009, pero nunca ha explicado cuáles eran los comportamientos de su esposo que le impedirían tener contacto con sus hijos. Del mismo modo, la clase política saca a colación una condena de hace 9 años obviando que en nuestro derecho las condenas «estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», y que los penados tienen también el derecho al olvido. Sin embargo, no explican porque en este caso la condena en su día emitida no surtió el efecto de reeducar y reinsertar socialmente.

5º Finalmente debemos recordar que para poder indultar a Juana Rivas primero debe esperarse a la firmeza de la Sentencia y en segundo lugar debe mostrar arrepentimiento, algo que todavía no ha hecho.

Por todos estos motivos es completamente rechazable la intromisión del poder legislativo y ejecutivo en el asunto de Juana Rivas. En palabras del presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna «todos veríamos mal que el poder judicial se dedicara a criticar constantemente las leyes emanadas del poder legislativo o las decisiones emanadas del poder ejecutivo. Sin embargo, últimamente nos estamos habituando a las críticas despiadadas del legislativo y el ejecutivo a las decisiones judiciales. En el presente caso no es de recibo que la portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad, Ángeles Álvarez haya señalado que el indulto "es obligado" y que la Sentencia de condena sea "inquietante". Lo inquietante es precisamente que el poder legislativo y ejecutivo se pronuncien sobre asuntos judiciales de los que no conocen la integridad del mismo, pues no han estado presentes en las actuaciones; e inquietante es que sin conocer estos detalles siempre se pongan al lado de las mujeres (se encuentren en la posición de víctimas o de victimarias), pues esto manifiesta claramente que se posicionan por motivos ideológicos, no de justicia. Esta forma de proceder, invadiendo las competencias del poder judicial, criticando acerbamente a tal poder, y posicionándose siempre a favor de determinado colectivo, es el propio de los regímenes totalitarios. En los regímenes democráticos, en cambio, se respeta la separación de poderes y se condena o absuelve en función de lo probado en un juicio, y no del posicionamiento ideológico previo.

El caso de Juana Rivas es nuevamente el intento de la ideología política de género de colonizar todos los aspectos de la vida social dividiendo al mundo en buenos o en malos no según sus hechos, sino según su pertenencia a un grupo social u otro».

El triste descubrimiento del cadáver aparecido hace semanas en el hueco de un ascensor del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, pone al descubierto la situación de desamparo de miles de varones.

-                Según las investigaciones el hombre suicidado estaba sumido en una profunda depresión tras su divorcio.

Madrid, a 25 de julio de 2018.- El pasado 10 de julio en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid se descubrió un cuerpo en el foso de uno de los ascensores de ese centro médico. Desde entonces la policía ha estado realizando las indagaciones oportunas para poder descubrir la identidad del cadáver, sin embargo, dichas pesquisas no han dado su fruto hasta que hoy ha sido posible identificar a la víctima de lo que ya se ha confirmado como un suicidio.

Por las informaciones que han transcendido, la víctima, varón de 68 años, dejó en su casa una carta de suicidio en la que exponía que se sintió abandonado por su entorno tras su divorcio. Igualmente, no se puede pasar por alto que Antonio (así se llamaba esta víctima de suicidio) se suicidara el pasado 2 de julio, ya que precisamente un año antes (2 de julio de 2017) el fallecido fue denunciado y detenido acusado de malos tratos en el ámbito doméstico, sin que hasta la fecha haya trascendido más información al respecto.

Casos desgraciados como el conocido como “el cadáver del ascensor” ponen de manifiesto dos graves problemas sociales que parecen no preocupan a los poderes públicos, a saber:

-          El suicido es actualmente la primera causa de muerte no natural. En el año 2014 se registraron 3910 fallecimientos por suicidio. De estos el 75 % afectó a los varones, dado que en dicho año 2938 hombres decidieron quitarse la vida, frente a 972 mujeres.

-          La sociedad deja desprotegido a los varones tras los procesos de separación o divorcio. La actual Ley de Violencia de Genero, y la reiterada práctica judicial que concede en los juicios de separación o divorcio preferencia a los intereses de las mujeres frente a los hombres, es una de las principales causas por las que se crea en los varones sentimientos de frustración, desamparo y abandono, sin que los hombres separados o divorciados cuenten con ningún recurso público, ni social ni sanitario, que les apoye en tan difíciles momentos.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia hemos denunciado de forma reiterada la situación de abandono en la que quedan los menores de edad y los varones tras los procesos de separación o divorcio, y en los procesos penales de violencia de género. Efectivamente, son numerosos los abogados que denuncian la situación de desamparo en la que encuentran miles de varones tras denuncias de violencia de género que quedan archivadas, o situaciones de desprotección en procesos de separación o divorcio en los que se desposee a los varones de sus hijos, su casa, y sus bienes.

Actualmente es frecuente que la justicia española actúe movida por el prejuicio, al considerar en todos los casos que la situación de desprotección es la protagonizada por la mujer, olvidando que en muchos casos son los menores los que quedan en situación de desprotección (al privarles del referente paterno) o los varones, al ser desposeídos de sus derechos con carácter previo a las celebraciones de los juicios de separación o divorcio.

El caso del “cadáver del ascensor” ha puesto al descubierto una situación de desamparo y desprotección que parece no preocupar a los poderes públicos; por ello desde la Asociación Europea de Abogados de Familia, solicitamos a los poderes públicos que con carácter urgente desarrollen las siguientes medidas:

-          Elaboración de un plan estatal de prevención del suicidio. Plan que se tendrá que abordar tras el estudio profundo y sereno de las causas de suicidio, siendo necesario el análisis de la mayor incidencia del suicidio entre los varones.

-          Creación de un Observatorio contra el Suicidio. Dicho Observatorio tendrá como misión principal analizar cada suicidio para establecer los principales parámetros que permitirán tomar decisiones preventivas, a saber: las circunstancias económicas de las víctimas, las circunstancias socioculturales de las mismas y las circunstancias familiares. Estas últimas circunstancias se antojan fundamentales, pues no hay datos estadísticos fiables que nos permitan conocer cuántos suicidios tiene como causa los tortuosos procesos de separación o divorcio.

-          El establecimiento de una línea de atención telefónico a los varones víctimas de los procesos de familia, en la que se pueden denuncia situaciones de abandono o desamparo social y/o institucional.

-          La creación del “Instituto del Varón” que de forma similar al “Instituto de la Mujer” tenga  como funciones el promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la igualdad efectiva de los hombres en la vida familiar, e impulsar políticas para fomentar medidas que promuevan la igualdad real, abordando aquellos campos en los que se observa una mayor victimización de los varones, ya que actualmente el 95 % de los fallecimientos en accidente de trabajo afectan a los varones, un 75 % de las víctimas de suicidio son varones, y un 63 % de la víctimas de homicidio son varones. Igualmente, dicho Instituto tendrá la obligación de promocionar la presencia masculina en puestos de trabajo que actualmente están desempeñados por mujeres (especialmente en al ámbito sanitario y educativo).

-          Hacer campañas institucionales para superar la «puerta de cristal» que es esa barrera invisible que impide a los hombres, después de una separación o divorcio, dedicarse a la atención afectiva de sus hijos y de la vida doméstica con la misma intensidad con que lo hacían antes del proceso judicial, en el que normalmente se les deja como figura residual en la vida de sus hijos.

· La Audiencia Provincial de Badajoz da un paso más para normalizar la Custodia Compartida.

· De hecho, cambia el sentido de su jurisprudencia anterior, pues en casos similares al ahora enjuiciado venía a acordar la custodia exclusiva materna.

· Extremadura, no obstante, sigue siendo la Comunidad Autónoma donde es menor el índice de Custodias Compartidas.

Madrid, a 10 de mayo 2018.- La Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) nuevamente consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En el presente caso la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2ª, revoca la custodia exclusiva de la madre, acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Jerez de los Caballeros y concede la Custodia Compartida a pesar de la oposición de la madre a la misma. La madre alegaba, como único argumento de oposición, las supuestas malas relaciones de los progenitores.

La Sentencia de la Audiencia provincial, dictada el 2 de mayo pero notificada el 9 de este mes, entiende que, en efecto, la concesión de la custodia exclusiva a la madre infringía el artículo 92 del Código Civil, pues debido a la amplitud del régimen de estancias fijado con el padre (que era del 50 % del tiempo) se trataba de una custodia compartida encubierta, por lo que debe ser transformada esta custodia compartida «de facto» en una custodia compartida «de iure».

En el Fundamento de Derecho Cuarto se establece expresamente que debe concederse la custodia compartida por cuanto «Por otra parte las relaciones padre/hijo según también se constata, tras el examen de los autos, es suficientemente entrañable y afectuosa, como para posibilitar un contacto más estrecho, como es propio de la custodia compartida; si a ello se une que, en los autos, no existe prueba de la que se deduzca que bien el padre, bien la madre, no cuenten con capacidad suficiente y aptitudes adecuadas para atender al hijo común, de manera eficaz y satisfactoria, es obvio que debe concluirse que, el interés prevalente del menor aconseja el establecimiento de la custodia compartida».

De esta manera la Sala cambia su criterio previo, pues en la Sentencia 183/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, de esa misma sección 2ª, ante un caso similar al actual, en el que el menor disfruta de un régimen amplísimo con su padre, venía a sostener que este tipo de regímenes amplios eran constitutivos de Custodia compartida encubierta, por lo que no solo no debía acordarse la misma, sino que debían reducirse las estancias. Así en concreto sostenía que «Lo que acordado en la primera instancia es realmente un régimen de guardia y custodia compartida con cambio de domicilio constante del menor (entre dos y cuatro veces a la semana). Tal cosa es totalmente contraproducente y debe quedar sin efectos, sin necesidad alguna de informe pericial que lo corrobore.»

Con todo, lo importante de esta Sentencia recien dictada es que acuerda la custodia compartida a pesar de no haberse emitido informe del equipo psicosocial. Este extremo es una prueba palpable del camino emprendido hacia la normalización de la Custodia compartida, pues ya no se entiende este régimen como un régimen excepcional y novedoso que necesite para su aprobación la previa recomendación del equipo psicosocial.

No obstante todo lo anterior, el abogado que defendió al padre, el letrado don Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna (Presidente de la AEAF) cree necesario alertar sobre la irregular situación en el que se sigue encontrando Extremadura «A pesar de que en los últimos años la concesión de custodias compartidas en Extremadura han aumentado, no obstante sigue siendo la Comunidad autónoma de cola a la hora de la concesión judicial de las mismas. Debemos recordar que por ejemplo en el año 2016 la media de custodias compartidas en España eran del 28,3 %, y sin embargo en Extremadura no pasaron del 8 %. Es más, la siguiente comunidad autónoma por detrás, Murcia, otorga casi el doble, un 14 %, y la siguiente, Andalucí, un 16%. Por tanto, es evidente que Extremadura vive en una excepcionalidad sin justificación alguna que perjudica seriamente a los menores, a los que se les priva del derecho a relacionarse igualitariamente con sus progenitores. Por ello debe hacerse un esfuerzo especial para que los Jueces y Fiscales se formen en igualdad, pues por ejemplo en las presentes actuaciones la Fiscalía solicitó un reparto del tiempo del 50 % pero no se atrevió a solicitar la custodia compartida por temor a la misma ante el desconocimiento de tal figura.»

Por tales motivos desde la Asociación Europea de Abogados de Familia insistimos en la necesidad de formar a los Jueces, Magistrados y Fiscales en igualdad para que perciban las enormes ventajes de la custodia compartida, que permite a los menores disfrutar de sus progenitores en igualdad de condiciones con indepedencia de su sexo, evitando igualmente el conflicto de lealtades, pues el menor no se ve presionado para tener que elegir si quiere más al padre o a la madre.

Puede descargarse la sentencia pulsando aquí.

La Asociación Europea de Abogados de Familia pide un debate técnico, al margen de ideologías de odio, ante cualquier reforma penal.

Igualmente, la Asociación Europea de Abogados de Familia solicita reforzar la independencia judicial para evitar el linchamiento al que son sometidos algunos jueces por resolver en función de criterios técnicos, y no ideológicos.

Madrid, a 7 de mayo de 2018.- Tras la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 20 de marzo de 2018, en el mediático asunto “de la manada”, diferentes representantes políticos han afirmado su voluntad de reformar el Título VIII del Código Penal en el que se aborda penalmente los “delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

La Asociación Europea de Abogados de Familia considera que es necesaria una seria reflexión social y política tras el revuelo provocado por la Sentencia en la que los Magistrados integrantes de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra han resuelto la acusación por agresión sexual contra los cinco acusados.

Lo primero que constatan los abogados integrantes de la Asociación Europea de Abogados de Familia es la manipulación social que algunos grupos de presión ideológica están ejerciendo con total desconocimiento de nuestro Código Penal. Así ha sido lugar común en estos días escuchar que la conducta juzgada debería haber sido considera como violación, y ello a pesar de que en nuestro actual Código Penal la conducta socialmente conocida como violación no esté recogida con tal nombre, dado que sólo se recoge la figura de las agresiones sexuales del artículo 178 del Código Penal (si media violencia o intimidación), y la figura de los abusos sexuales del artículo 181 y siguientes (si no media violencia ni intimidación), por lo que el debate social ya se inicia de una forma completamente viciada.

Sin embargo, estas mismas asociaciones de género, que actúan solo por intereses ideológicos, y no en defensa de las víctimas, han guardado escrupuloso silencio sobre otros asuntos de igual entidad si no más grave, y ello bien porque las autoras de las agresiones fueran mujeres, bien porque la agresión o violación fuera de naturaleza homosexual y no heterosexual, bien porque la agresión, aun siendo heterosexual, estuviera presuntamente protagonizada por «no españoles». Así, ha sido escandaloso el silencio de estas asociaciones feministas de género, y de los partidos políticos (que actúan a su rebufo) sobre los siguientes casos:

1º.- Absolución de abuso sexual cuando la autora es mujer y la víctima un niño de 12 años: El 7 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo confirmó la absolución acordada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación a una mujer de 35 años que, aprovechando que un compañero de trabajo le había encomendado su cuidado, realizó una felación al menor, de 12 años de edad. La Audiencia Provincial de Barcelona la absolvió al considerar que no tenía conocimiento de su edad. En cambio, el Tribunal Supremo, si bien confirmó la absolución por cuanto por motivos técnicos la ley no le permitía revisar los hechos probados en la Sentencia de la Audiencia, no obstante, mostró su oposición a tal absolución manifestando claramente que no es compatible con el principio de igualdad que cuando se juzga a mujeres por estos delitos se haga un interpretación de la ley que siempre las favorece. En concreto, en el Fundamento de derecho décimo sostiene: «No queremos decir, con ello, que esta Sala comparta plenamente la decisión absolutoria adoptada por la Sala de Instancia al aplicar un error de hecho vencible sobre la edad del menor en un supuesto de felación de una mujer de 34 años de edad a un niño de doce, hijo de un compañero de trabajo que la había acogido en su domicilio familiar. En supuestos similares de relación entre un varón de esa edad y circunstancias, y una niña de doce años, esta Sala ha acudido a la calificación del hecho como abuso sexual con prevalimiento sobre víctima especialmente vulnerable por razón de la edad, del art. 181 1 º, 3 º y 4º, en relación con el 180 3º CP, aun cuando se llegase admitir un error sobre la edad exacta de la víctima. La tutela de la indemnidad sexual de los menores que inspira nuestro ordenamiento penal en esta materia así lo aconseja, y este criterio no debería cambiar por el hecho de que la víctima sea varón y la acusada mujer, conforme al principio de igualdad establecido en el art. 14 de nuestra CE.»

2º Absoluciones o condenas mínimas cuando el abuso o agresión es de naturaleza homosexual: Desde estos mismos grupos, que ya vivían en plena agitación propagandística del procedimiento de «la manada» guardaron silencio cuando el pasado 22 de diciembre la Audiencia Provincial de Alicante dictó Sentencia absolviendo a un hombre que mantuvo sexo con un menor (un varón de 15 años) al que conoció por Internet.

Del mismo modo ha guardado silencio ante la más reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que solamente se ha condenado a dos años de prisión a un hombre que abusó de un menor (varón) de 14 años al que había recogido cuando este hacía auto-stop.

3º.- Silencio ante las violaciones y agresiones en grupo cuando los agresores no son españoles: Alicante parece que se ha convertido últimamente en un foco de atracción para el sexo forzado en grupo, a pesar de lo cual estos mismos grupos de presión han guardado escrupuloso silencio, y ello a pesar de que estos casos se produjeron durante el tiempo de espera de la emisión de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.

Así en marzo 2018 la policía detuvo a diez argelinos presuntos responsables de una violación grupal y de varias agresiones sexuales. En concreto encerraron durante 24 horas a una chica de 14 años, a la que violaron todos en repetidas ocasiones. Igualmente violaron en condiciones similares a otras dos chicas de 15 y 17 años.

Y en abril de este mismo 2018 en otra operación sin relación con la anterior la Policía Nacional detuvo a tres argelinos por agredir sexualmente (en compañía de otro más) a una joven de 19 años.

Así pues, ante el aumento constante de los delitos contra la libertad sexual en efecto puede ser conveniente una reforma de nuestro Código Penal, si bien teniendo presente que las agresiones son protagonizadas, indiferentemente por hombres y mujeres y tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales.

Por tal motivo esta Asociación entiende desacertadas las manifestaciones que se están realizando desde instancia políticas relativas a la necesidad de modificar el Código Penal para adecuarlo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla los delitos contra la libertad sexual solo como violencia contra la mujer, obviando que se están incrementado los delitos de agresiones sexuales y abusos sexuales en los que las víctimas son varones (y en algunos casos menores de edad).

Igualmente resulta preocupante que desde algunas asociaciones feministas se insista en la necesidad de cambiar las mentalidades de los operadores jurídicos, ya que según estas asociaciones los jueces deben tener una perspectiva de género que les ha de vincular en el momento de emitir sus Fallos judiciales, es decir, que para algunos grupos de presión alentados por los partidos políticos la justicia no se tiene que aplicar en igualdad de condiciones independientemente del sexo, raza, o religión de los presuntos agresores, sino que la justicia ha de aplicar dogmatismos y prejuicios aunque los mismos no encuentren refrendo en las pruebas practicadas durante la vista oral.

Del mismo modo la Asociación Europea de Abogados de Familia se muestra sumamente preocupada por el ataque a la independencia judicial, considerando improcedentes las críticas vertidas tanto por el Ministro Catalán, como por otros representantes políticos, que consciente o inconscientemente han querido avisar a los jueces y magistrados españoles del peligro de apartarse de lo políticamente correcto, y del riesgo que para sus carreras judiciales puede suponer apartarse de los dictados impuestos por el totalitarismo de género.

Son numerosos los juristas que estos días están abogando por un debate más reflexivo y técnico, debate que no puede ser manchado por ideología espurias defensoras de falsos dogmatismos y que no buscan como fin proteger a la sociedad de las conductas socialmente rechazables, sino únicamente cumplir con sus propios fines políticos alejados de la realidad penal y alejados de la experiencia criminológica.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia se aboga por abordar cualquier reforma del Código Penal en materia de delitos contra la integridad social teniendo en consideración las siguientes líneas definitorias:

-      Abordar este tipo de delitos en consideración a la gravedad de los hechos no en consideración al sexo de la víctima, sin aplicar en la regulación legal ninguna consideración de perspectiva de género que acercaría nuestro Código Penal a legislaciones totalitarias montadas sobre los conocidos como delitos de autor.

-      Abordar las posibles reformas legales desde criterios técnicos jurídicos, y no desde criterios ideológicos o dogmáticos.

-      Garantizar la independencia judicial, con el fin de evitar que con total desconocimiento de la realidad de los hechos enjuiciados, por parte de algunos partidos políticos y organizaciones sociales se produzcan linchamientos mediáticos de los jueces que se resistan a aplicar una justicia dictada no desde la realidad de los hechos, sino desde la imposición de las ideologías dominantes.

-      Garantizar los derechos de las presuntas víctimas, sin merma alguna de los derechos de los presuntos victimarios o agresores.

-      Abordar con más intensidad los delitos de corrupción de menores, pues actualmente desde las instancias políticas, mediante ideologizados planes de estudios, y desde el mundo de la publicidad, se está generando una hipersualización de la infancia, y una banalización del sexo que en algunos casos debería ser tipificado claramente y sin ambages como corrupción de menores.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia denunciamos públicamente que el debate generado tras la publicación de la Sentencia en el caso de “la manada”, es un debate que está tomando derroteros totalitarios al quererse imponer a los Jueces y Magistrados la resolución de los casos judiciales, no en función de su leal saber y entender, sino en función de los intereses de determinados sectores sociales sumamente ideologizados y poco respetuosos con las libertades ciudadanas, y con el Estado de Derecho.

Documentos adjuntos:

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Alicante-absuelve-a-un-hombre-que-mantuvo-sexo-con-un-menor-al-que-conocio-por-Internet

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia: http://www.elmundo.es/espana/2018/05/01/5ae8844b22601d9a728b45b5.html

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2017: https://docs.google.com/a/asociacionabogadosfamilia.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXNvY2lhY2lvbmFib2dhZG9zZmFtaWxpYS5jb218YXNvY2lhY2lvbi1ldXJvcGVhLWRlLWFib2dhZG9zLWRlLWZhbWlsaWF8Z3g6MmI3N2Y4ZDNjYzhkOTZkZQ

El Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Salamanca  acuerda una custodia compartida por semanas alternas de una menor de tres años a pesar de la que la madre sostenía que había malas relaciones, que la custodia compartida no daba estabilidad a la hija común, y a pesar de sostener que el padre había vivido en otra provincia.

---

 

Salamanca, a 22 de febrero de 2018 .- Nuevamente Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En el presente caso el Juzgado argumenta en contra de los motivos opuestos por la madre para que no se acordara la custodia compartida:

·         La madre se oponía a la misma por los turnos rotativos del padre (7 días de trabajo-7 días libres), si bien el Juzgado entiende que nada puede oponer por cuanto ella misma trabajaba una semana en horario de mañana y otra en horario de tarde, por lo que la Sentencia establece que es perfectamente aplicable pues facilita que ambos compaginen su vida personal y familiar.

·         En cuanto a que el padre trabajaba al principio en otra provincia y después solicitara su traslado a Salamanca, no solo no es motivo para denegar la custodia compartida, sino que es un motivo más para acordarla, pues demuestra la capacidad de cuidado del padre, que consiguió tal traslado.

·         La madre alegó que la custodia compartida no daba estabilidad a la menor, pero la Sentencia recuerda que «la Estabilidad supone pautas habituales, rutinas, que también puede tener la menor con este sistema, suficientemente estable, y que no supone el desacarreo continuo de la menor».

·         Finalmente, en cuanto a los desencuentros o discusiones habidos durante la vigencia de las medidas previas, entiende que «se tratan de discusiones explicables en el ámbito de una ruptura de pareja reciente, sin unas medidas definitivas que establezcan pautas estables que necesita la guarda y custodia de los menores»

Es evidente, pues, que en Salamanca poco a poco se va abriendo paso la custodia compartida, pues el Juzgado de Familia de Salamanca, el nº 8, a pesar del cambio de titular, ahora el Magistrado José Lozano Díaz, mantiene los mismos criterios de flexibilidad. Así es evidente que como ya recordó el Tribunal Supremo, las meras discrepancias sobre la conveniencia de la custodia; o las leves discusiones entre los progenitores, no son suficientes para impedir la Custodia Compartida. Y es que hay que demostrar en cada caso concreto que estas discrepancias o discusiones son más perjudiciales para los menores en un régimen de custodia compartida que en un régimen de custodia exclusiva.

Igualmente debemos destacar que cada vez más Juzgados se pronuncian por las consecuencias favorables que tiene la custodia compartida para compaginar la vida personal y familiar de ambos progenitores. Y es que hasta fechas muy recientes se entendía que eran los padres los que debían adaptar sus horarios profesionales a la custodia que judicialmente se fijara, y cada vez se está extendiendo el criterio, más adecuado y flexible, de que es el tipo de custodia el que debe adaptarse a los horarios y condiciones laborales de los progenitores. Y es que al fin y al cabo es lo que hacen las parejas intactas, que hacer uno de parientes o de actividades extraescolares para adaptar al menor a los horarios laborales impuestos por las empresas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Colmenar (que tiene asumidas las competencias de Violencia de Género) acuerda una custodia compartida por semanas alternas de dos menores (uno de 4 años y otro de 18 meses) aun teniendo la madre mejores horarios, contando con ayuda familiar y habiendo cuidado a los hijos desde su nacimiento, y todo ello por cuanto no probó la existencia de ningún motivo que impidiera la custodia compartida.

Madrid, a 25 de enero de 2018.- Nuevamente un letrado de la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En este caso la custodia compartida tiene un valor añadido por cuanto concurrieron en la causa varios motivos que la hacían de más difícil consecución:

·         El Juzgado que debía resolverla era el Juzgado que en Colmenar que tiene atribuidas las competencia en Violencia de Género, y ello en tanto en cuanto el padre fue denunciado y finalmente absuelto en juicio oral de un delito de violencia.

·         La corta edad de los menores, el más pequeño de los cuales tenía 18 meses y según la madre aún tomaba lactancia materna. No obstante, tal argumento decayó por la poca credibilidad del mismo, ya que el menor acudía a guardería desde las 8:00 hasta las 14:00.

·         Los horarios por turnos del padre, que trabaja por la noche en semanas alternas.

Es de reseñar, por lo demás, que en la causa no se acordó la realización de informe psicosocial, que se emiten con un año de retraso, ni obraba pericial particular alguna.

La Sentencia, dictada por la Magistrada Rocío Rubio Nuche, establece en su Fundamento de Derecho Quinto que «Es importante tener en cuenta que en el presente caso las alegaciones de la actora no bastan para acordar la custodia exclusiva para ella. Y, desde luego, habida cuenta de la cortísima edad de los menores y que desde la crisis matrimonial hayan vivido con la madre, impide absolutamente que la custodia sea para el padre, más aun atendiendo a los horarios de éste y a que es la madre la que cuenta con ayuda familiar para compatibilizar el cuidado de sus hijos con su vida diaria. Sin embargo, esto no es causa suficiente para atribuir la custodia a la progenitora, ya que no concurre ningún tipo de causa o motivo que impida o inhabilite al padre para que se le atribuyan las mismas facultades de decisión, y el mismo tiempo con los menores que la madre. Y ello sin perjuicio de que, dada su cortísima edad, se facilite así que los mismos se acostumbren a pasar el mismo tiempo con ambos, favoreciendo así las relaciones con los dos y sin que sufran ninguna carencia».

En el presente caso se da además la casualidad de que la Juzgadora cita como jurisprudencia, con carácter principal, la Sentencia del Tribunal Supremo 194/2016, de 29 de marzo, Sentencia dictada en la resolución de un recurso de Casación formalizado por el mismo letrado que dirigía este pleito, el Sr. Pérez-Roldán. Así en el Fundamento de Derecho Cuarto cita los siguientes fragmentos de la misma: «La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares. Pero más allá de este desconocimiento de la jurisprudencia y de un escaso o nulo esfuerzo en incardinar los hechos que se ofrecen por ambas partes en alguno de los criterios reiteradamente expuestos por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, se conoce perfectamente el razonamiento que lo niega y que es, en definitiva, lo que justifica el interés casacional del recurso de casación, que también se formula, por oponerse a la jurisprudencia de esta Sala (…)»

«La sentencia no solo desconoce la jurisprudencia de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a este, de siete años de edad, manteniendo la guarda exclusiva de la madre y dejando vacío de contenido el artículo 92 CC en tanto en cuanto de los hechos probados  se desprende la ausencia de circunstancias negativas que lo impidan»

El pasado 12 de mayo el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales” que supone de facto la derogación de la Ley de Violencia de Género.

“3. En los casos en que la legislación aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo en materia de violencia de género machista, aún cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el Registro Civil”