El pasado 12 de mayo el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales” que supone de facto la derogación de la Ley de Violencia de Género.

“3. En los casos en que la legislación aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo en materia de violencia de género machista, aún cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el Registro Civil”

·         Javier Pérez- Roldán recuerda que en los procesos de familia el principal cliente es el que no paga, es decir el menor, y que la actuación tanto de abogados como de jueces debería tender a la protección de los menores y no a la satisfacción de los intereses de los padres.

·         Igualmente denuncia los perniciosos efectos que la ideología de género está produciendo en las familias, debilitando los lazos familiares y fomentando peligrosamente el individualismo en las relaciones familiares.

Madrid, a 8 de Mayo de 2017.- En una entrevista concedida a la Contra Tv el abogado de Familia Javier Pérez- Roldán denuncia que la aplicación de la ideología de género en los juzgados de familia produce graves injusticias contra uno de los cónyuges (normalmente el varón) y, sobre todo, contra los hijos.

En la entrevista Javier Pérez- Roldán se muestra como un firme partidario de que en los procesos de separación o divorcio, la norma respecto a los hijos sea la custodia compartida, algo que está muy lejos de suceder en la realidad de los tribunales españoles.

El abogado de familia Javier Pérez- Roldán afirmó ante  La Contra TV  que “con carácter general y salvo circunstancias muy excepcionales, el régimen que se debe pedir y el que debiera conceder el juzgado es el de custodia compartida”, régimen que cada vez más mujeres piden, aunque todavía muchas lo rechazan “aunque eso suponga perjudicar a sus hijos“.

Pérez-Roldán entiende que para el abogado de familia “el primer cliente es el que no te paga, que son los hijos” por lo que los abogados de familia tienen que defender por encima de todo el interés de los menores y no el de los padres que se quieren separar.

En la práctica cotidiana de los tribunales para los padres varones es frustrante comprobar que “lo que ellos dicen no se escucha y lo que dice la mujer sin pruebas se da siempre por hechos ciertos”. Igualmente llega a afirmar que “Todos los hombres, cuando concluye el proceso de separación, acaban con una imagen muy negativa de la Justicia“, imagen negativa que también comparten las mujeres “porque muchas veces los tribunales les dan la razón y ellas saben que no la tenían“.

Otra de las denuncias que formula Pérez-Roldán es que los jueces rechazan pruebas que permitirían esclarecer los hechos, como en el caso de un hombre que estuvo tres años imputado por unos supuestos insultos a su mujer por vía telefónica cuya falsedad solo pudo verificarse cuando, aprovechando una baja temporal del juez titular que denegaba la correspondiente pericial, el juez sustituto la autorizó. Inmediatamente el caso quedó cerrado al comprobarse que se trataba de una manipulación de la esposa.

Una de las razones de esta indefensión es que “los juicios de violencia son juicios rápidos“, y en ocasiones se sacrifican las pruebas en aras de una decisión inmediata. Pero luego está la otra cara de la moneda: la lentitud de la justicia en otros casos produce daños irreversibles en caso de órdenes de alejamiento de los hijos. El abogado de familia Javier Pérez- Roldán cita el caso de un padre que no pudo ver a sus hijos durante cinco años por una orden de alejamiento decretada por unos supuestos malos tratos. Cuando finalmente resultó absuelto (el mismo tribunal afirmó que no se debería haber llegado a juicio porque “no había ninguna acusación concreta”), se encontró con que su hijo, de 2 años al inicio del pleito y ahora con 7, no quería verle porque durante un lustro su mujer le había intoxicado contra él.

Al aplicar la ideología de género “se han retorcido los principios generales del Derecho”, sostiene Pérez-Roldán: “La legislación ya es de por sí es injusta porque agrava la pena por el simple hecho de ser hombre el agresor y víctima la mujer, cuando las penas deberían establecerse en función de la entidad del delito cometido”.

Pero aún es “más grave” cuanto se refiere a los jueces, continuamente “reciclados” en cursos sobre violencia de género y machacados con la “alarma social”. “Su libertad queda muy disminuida” porque toda esa presión ideológica “acaba cargando su conciencia a la hora de interpretar las pruebas”; así, en caso de archivo de una causa, reciben quejas de organizaciones feministas y presiones mediáticas que llevan a muchos a tirar la toalla y pedir el cambio de juzgado. En Madrid acaba de darse un caso.

El origen de toda esta situación es una “ley ideológica, como todo lo que llame al género“. Javier Pérez-Roldán hace durante la entrevista un pequeño resumen histórico del origen de la ideología de género como una traslación de la filosofía comunista del ámbito económico al ámbito de la familia, creando una segregación entre hombres y mujeres en virtud de la cual “a un hombre hay que condenarle no por lo que haya hecho, sino por lo que hicieron sus antecesores”.

La familia es el objetivo último de esas “ideas disolventes”. “Buscan hacer una sociedad de individuos, no de familias”, y donde las “verdades absolutas” no tengan cabida. “Este pensamiento líquido de constante cambio”, concluye, “acaba convirtiendo al hombre en un despojo empujado por cualquier viento que sople, un hombre sin arraigo ni certidumbres”.

Madrid, a 05 de abril 2017.- Otro menor ha sido víctima de la violencia doméstica. En esta ocasión la agresora era una mujer de 34 años que tras ahorcar a su hija de 18 meses se ha suicidado.

Los hechos se produjeron en el municipio mallorquín de Llucmajor y según las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil la muerte de la madre y su bebé se produjo en la noche del martes, aunque no fue hasta la mañana del miércoles cuando se pudo localizar sin vida los cuerpos de la madre y de la menor en una edificación rural abandonada próxima a la vivienda de los padres.

Por desgracia este caso no es único, pues según el último estudio publicado por el grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en el año 2015 se dictaron Sentencias que desvelan una triste realidad: las mujeres acaban con la vida de sus hijos con más frecuencia que los hombres.

Efectivamente según el análisis de las Sentencias Dictadas en el año 2015 en caso de homicidios y/o asesinatos de menores a manos de sus progenitores de los ocho menores víctimas 4 fueron víctimas de sus madres, uno fue víctima de su padre biológico, otro fue víctima de ambos progenitores, y dos fueron víctimas de la actual pareja masculina de la madre, es decir en el año 2015 fueron condenadas 5 madres biológicas, 2 padres biológicos, y 2 varones a los que la madre biológica había escogido como nuevas parejas.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia opinamos que es necesario derogar la Ley de Violencia de Género y elaborar una nueva Ley de Violencia Doméstica para acabar con la lacra de los menores muertos a manos de sus progenitores, dado que la actual norma jurídica no establece herramientas para combatir la especial incidencia femenina que detectan las estadísticas en este tipo de horrendos delitos.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia siempre hemos abogado por establecer estrategias integrales para abordar la violencia doméstica, sin reparar en el sexo o identidad de género de los agresores o las víctimas, pues solo desde una consideración global de la violencia doméstica se puede abordar con acierto este tipo de violencia revestida de perfiles propios. Las actuales normas penales inspiradas por criterios ideológicos no están siendo instrumentos idóneos para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito doméstico.

Para leer el informe completo del Consejo del Poder Judicial lo puede consultar pulsando aquí.

En los anteproyectos ARTEfactos el Ayuntamiento de Madrid discrimina a los hombres en la concesión de vivienda pública.

Entre los proyectos se ha presentado “ARTEfacto de Carabanchel piensa femenino”, un proyecto que se desarrollará en el barrio madrileño de Carabanchel y que estará constituido por 18 viviendas destinadas a mujeres con diferentes necesidades: mujeres mayores que viven solas, madres solteras, víctimas de violencia machista, etc.

El espacio de Carabanchel se ha proyectado para el impulso a programas residenciales para trabajar la construcción de comunidad que generen un entorno de apoyo entre vecinas.

El Ayuntamiento de Madrid se ha olvidado que los varones madrileños también presentan necesidades específicas, dado que los datos estadísticos reflejan la existencia de hombres mayores que viven solos, padres viudos con escasos recursos que cuidan en solitario de sus hijos, y hombres víctimas de los juzgado de familia empobrecidos por la aplicación de leyes injustas, víctimas de acusaciones falsas, o reducidos a la pobreza por verse obligados a pasar pensiones compensatorias por encima de sus posibilidades.

Por eso consideramos que es necesario recordar al Ayuntamiento de Madrid que lo varones también tienen necesidad de vivienda digna, y que es necesario desarrollar un plan de acción específico para apoyar a los hombres en estado de necesidad.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia creemos que no es adecuado prejuzgar las posibles situaciones de necesidad en función del sexo del beneficiario, siendo necesario arbitrar los procedimientos administrativos oportunos para detectar los verdaderos estados de necesidad y establecer los mecanismos adecuados para corregirlos.

En este sentido creemos que es inadecuado que el Ayuntamiento de Madrid establezca por la vía de los hechos discriminación alguna en razón del sexo.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia no solo manifestamos nuestro desacuerdo con este tipo de discriminación, sino que posibilitamos a todos los ciudadanos que se sientan discriminados la posibilidad de remitir a la alcaldesa de Madrid una petición solicitando que se amplíe el proyecto ARTEfactos para dar soluciones de vivienda digna a miles de madrileños que se encuentran en la calle, o viviendo de la caridad de sus familiare, mediante la firma de una petición pública en el siguiente enlace: http://www.familiaenderechos.es/2017/02/22/carmena-viviendas-para-hombres-victimas/

La Asociación Europea de Abogados de Familia inicia una campaña de sensibilización social llamada "Custodia Compartida, es lo natural".

La Asociación Europea de Abogados de Familia ha elegido dicho lema para iniciar una campaña de sensibilización social a favor de la custodia compartida.

La campaña de sensibilización se inicia con la distribución de un vídeo que se puede ver en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=c77-nQgPYvQ

A lo largo de este año la Asociación Europea de Abogados de Familia editará nuevos vídeos que se publicarán en nuestro diario digital FamiliaenDerechos.es  y en nuestro canal youtube , se publicarán artículos en defensa de la custodia compartida que se difundirán en nuestra web www.asociacionabogadosfamilia.com y se incorporarán campañas gráficas que distribuiremos tanto en la sección de campañas de nuestro diario, como en las redes sociales.

Nuestro objetivo es claro: sensibilizar a los españoles sobre los beneficios que para nuestros menores tiene el régimen de custodia compartida tras las rupturas matrimoniales, y permitir que el clamor popular llegue de forma clara y rotunda a nuestros representantes políticos.

El objetivo final de esta campaña es conseguir que de una vez por todas se promulgue la tan necesaria Ley Nacional de Custodia Compartida.

Madrid, a 29/11/2016 .-  El Tribunal Constitucional ha anulado definitivamente la Ley 5/11, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana «de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven», conocida popularmente como Ley de Custodia Compartida.

Tal como disponen las normas que rigen al propio TC y según se señala en la propia Sentencia, en el fundamento de derecho quinto, los regímenes de guarda y custodia ya establecidos judicialmente seguirán vigentes tras la publicación de esta sentencia «sin que este pronunciamiento deba conllevar necesariamente la modificación de medidas a que se refiere el artículo 775 LEC».

Así, pues, las custodias compartidas aprobadas durante la vigencia de la Ley 5/11 permanecerán invariables (salvo que hubiere cambios sustanciales). Sin embargo, la Sentencia del TC no resuelve el problema relativo a la tramitación que debe darse a las demandas presentadas cuando estaba en vigor la ley pero no resueltas aún por Sentencia.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia sugerimos a nuestros  compañeros letrados que tenga vivas demandas presentadas cuando estaba en vigor la Ley 5/11, pero que aún estén sin resolver, a que hagan valer el Artículo 2 de la Lec. que establece que « Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.»

 Y es que entendemos que en atención al derecho material, es decir, al artículo 92.8 del Código Civil, según la interpretación auténtica que el TS ha hecho del mismo (y recordamos que la Jurisprudencia es fuente de derecho) la Ley Valenciana no aportó nada nuevo con referencia a la custodia compartida. Sin embargo, desde la perspectiva procesal es evidente que si aportó novedades, como la de la inversión de la carga de la prueba prevista en su artículo 5. Según tal disposición, exclusivamente procesal, quien solicitara la custodia exclusiva debía demostrar la mayor bondad, desde la perspectiva del menor, de ésta sobre la custodia compartida.

Por tanto, entendemos que no se puede, en el transcurso de un procedimiento, cambiar las condiciones procesales, pues se dejaría en indefensión a quien demandado en solicitud de la compartida fijara su estrategia procesal confiado en la inversión de la carga de la prueba.  

En el Día Internacional contra la Violencia de género conviene recordar que en la Estadística del último año cerrado (2015) fueron asesinadas 60 mujeres: tres más que hace diez años, pues el 2005 se cerró con 57 mujeres asesinadas.

Esto demuestra que las políticas de erradicación de la Violencia llevan 10 años por una senda equivocada, siendo la razón de ello que tales políticas están empujadas por prejuicios ideológicos, y no por datos estadísticos completos y veraces.

Sin embargo, nuevamente, todas estas campañas institucionales esconden un engaño masivo, y es que a pesar de aumentar año a año las partidas presupuestarias correspondientes, y a pesar de regar con millones de euros a miles de asociaciones y ONG sin control ninguno, la situación sigue igual que hace 10 años.

Basta con remitirse a las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Si observamos las estadísticas de los 10 años últimos completamente cerrados (el actual 2016 aún no ha finalizado) comprobamos que en el año 2005 murieron asesinadas 57 mujeres, y en el año 2015 murieron 3 más, es decir 60. 

La conclusión, entonces, es clara y evidente: el fracaso de las medidas y políticas aplicadas en estos 10 años es total y absoluto. Sin embargo, no se escucha ninguna voz crítica que proponga replantearse qué se está haciendo mal.

Y al entender de la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) se están haciendo muchas cosas mal, y la primera de ellas maquillar las estadísticas para aplicar parámetros ideológicos en vez de parámetros estadísticos y científicos, y es que en palabras del presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, el abogado Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpenga «Para abordar cualquier acción de gobierno o de política criminal se necesita, con carácter previo, información veraz y completa. Sin embargo, en materia de violencia se práctica el sesgo y el seguidismo ideológico a la hora de recabar estos datos fundamentales, ocultándose datos que debieran servir para acertar en las medidas a tomar. Así, desde el año 2007 no se recogen en las estadísticas oficiales el número de hombres fallecidos a manos de sus esposas o compañeras afectivas. Sin embargo, este dato es fundamental, pues demuestra que la violencia no tiene nada que ver con el sexo, y que las dinámicas de violencia dentro de la familia son otras muy diferentes a la discriminación sexual. Del mismo modo, en las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad se reflejan solo los menores fallecidos a manos de hombres, sin distinguir, dentro de estas cifras, en qué casos el asesino es el padre biológico y en qué casos es la nueva pareja de la madre. Sin embargo, más grave es que no se consigne el número de niños muertos a manos de sus madres. Si tales datos se reflejaran quedaría constancia, por ejemplo, que el 52 % de los menores asesinados lo es a manos de sus madres, y que solo el 36 % lo es a manos de sus padres biológicos. El resto muere a manos de las nuevas parejas de la madre o de terceras personas (abuelos o personas ajenas a la familia)».

Así pues, la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) reclama que las acciones de gobierno y de política criminal en materia de violencia doméstica se aborden de manera profesional y con estadísticas fiables, veraces y completas. Mientras todos los partidos con representación parlamentaria, y todas las instituciones oficiales se rijan en esta materia por planteamientos ideológicos y no por datos reales, seguirá el lamentable espectáculo de decenas de niños, mujeres y hombres asesinados vilmente por su entorno familia. La violencia contra los niños, las mujeres y los hombres es una lacra que hay que erradicar, y para hacer un diagnóstico acertado de la situación no se pueden seguir hurtando datos a la ciudanía, pues por desgracia, la falta de información no es nunca compañera del acierto en las acciones de erradicación de ningún mal social.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar una nueva edición de la Guía Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En ella el CGPJ introduce elementos incompatibles con nuestro Estado de Derecho, introducción tanto más peligrosa cuanto procede de un órgano cualificado en cuestiones jurídicas.

Madrid, a 14 de noviembre de 2016.- El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar una nueva edición de la Guía Práctica de la Ley de Violencia de Género. En la misma se contienen graves manipulaciones de política criminal y vulneraciones patentes del derecho a la presunción de inocencia, así como una rebelión descarada a nuestro propio ordenamiento jurídico.

Sin embargo, llama la atención el silencio que guarda al respecto el Defensor del Pueblo o las Asociaciones de Jueces y Fiscales, y ello por cuanto este tipo de actuaciones ideologizadas del CGPJ ponen en peligro sus propias funciones constitucionales de gobierno del poder judicial para garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial.

En concreto, la citada guía vuelve a criminalizar a los hombres que después de una denuncia de género obtienen una resolución de archivo o sobreseimiento. Así a la página 195 de la citada guía el órgano de gobierno de los jueces no duda en abandonar el criterio constitucional de la presunción de inocencia al sostener conceptos ideológicos como que «Tampoco puede vincularse la hipótesis de denuncias falsas con el elevado número de sobresei­mientos provisionales, vinculado en general con la dificultad de prueba de hechos que suelen ejecutarse en la intimidad o con la propia postura procesal de la víctima que ha vivido -y puede permanecer- en el círculo de la violencia.»

Este tipo de apreciaciones, de nulo valor jurídico y constitucional, suponen la creación de un clima de odio al varón víctima de un proceso judicial que acaba en archivo. Y ello en tanto en cuanto se favorece su criminalización social, debiendo cargar siempre con el sambenito de ser culpable pero no haber sido condenado por faltas de pruebas.

La guía contiene, no obstante, acusaciones de mayor gravedad, como aquella de rechazar la existencia de denuncias falsas alegando la inexistencia de sentencia de condenas por tal concepto o procedimientos al respecto. En palabras del presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia «resulta una auténtica infamia que los miembros del Consejo o bien puedan estar faltos de los conocimientos mínimos exigibles para darse cuenta de la ignorancia de tales manifestaciones; o bien puedan haberse cegado de tal manera por corrientes ideológicas ajenas al derecho como para permitirse hacer alegaciones carentes de toda lógica. Y es que por una parte sostienen que el número tan abultado de archivos o absoluciones a acusados por violencia de género se debe a la dificultad de probar el delito. Y sin embargo, se muestran contrarios a admitir que por la misma argumentación cabría decir que la inexistencia de mayor número de condenas o procesos por denuncias falsas se debe igualmente a la dificultad de probarlo.»

Y es que según el criterio argumental de esta guía, serían más las denuncias falsas que los casos auténticos de violencia,  pues en el mundo jurídico es conocido desde el derecho romano que es más fácil demostrar un hecho positivo que un hecho negativo. Así siempre es más fácil demostrar que alguien agredió a otro (pues por ejemplo hay testigos que lo vieron, o quedaron marcas o secuelas) que demostrar que no sucedió tal. Por eso, precisamente, si según el CGPJ son numerosos los archivos por no poder demostrar la realización de un acto positivo de violencia de género, por fuerza tienen que ser más numerosos los casos en los que no se ha podido ni abrir actuaciones por denuncia falsa porque es ontológicamente más complicado mostrar la existencia de indicios de que algo no sucedió.

Para la más fácil comprensión de la falacia argumental del CGPJ podemos ejemplificarlo de la siguiente manera: cualquier de nosotros podría demostrar fácilmente haber estado alguna vez en algún partido de fútbol, pues bastaría con mostrar una foto o un video en que aparezcamos con un campo detrás. Sin embargo, nos sería imposible demostrar que no hemos estado nunca en un estadio de fútbol, pues para hacerlo tendríamos que documentar que a lo largo de todos los minutos de nuestra vida nunca fuimos a un estadio, lo cual es imposible, pues no podemos tener toda nuestros minutos de vida documentados. Por eso, precisamente, es más fácil que una mujer demuestre que su marido la insultó (pues pudo grabar los insultos) que demostrar que una mujer miente cuando dice que su marido la insultó, pues es imposible demostrar un hecho negativo.

Por otra parte, en la página 195 de la misma guía el CGPJ se permite hacer una afirmación taxativa que no tiene sostén jurídico procesal alguno. Así afirma categóricamente que «no existe ninguna norma procesal ni sustantiva que otorgue a las víctimas de la violencia de género una posición “privilegiada” que les permita obtener ventajas, dentro del procedimiento civil, por el hecho de tener la consideración de presuntas víctimas de estos delitos». Pues bien, esta afirmación es rotundamente falsa. En primer lugar, porque la mujer que denuncia por violencia de género, aunque tenga medios económicos sobrados y por tanto no tenga derecho al reconocimiento de abogado de justicia gratuita, puede beneficiarse de un abogado pagado por la administración si en vez de instar su separación por la vía civil la insta por la vía penal.

En segundo lugar, porque como no puede ignorar el propio CGPJ, la mujer que denuncia por violencia de género obtiene a los tres días siguientes una resolución en la que se le reconoce prácticamente al 100 % de los casos la custodia de los hijos  y una pensión alimenticia, así como el uso de la vivienda. Sin embargo, si acude a la vía civil puede tardar meses para que se le otorgue el uso de la vivienda, una pensión y la custodia de los menores, y ello por la saturación de los Juzgados civiles.

En tercer lugar, es grave que el CGPJ actúe de manera tan sesgada que no alcance a comprender que cuando hay una separación desgraciadamente existe un alto índice de hombres y mujeres que solo actúan por rencor y por odio al otro. La mujer lo puede canalizar por la vía rápida de una denuncia de género, el hombre, sin embargo, deberá buscarse otras vías.

Finalmente, el propio CGPJ se desdice en la propia guía de esta afirmación tan rotunda de sostener que no existe beneficio alguno en una falsa denuncia. Y es que en la página 162 dice expresamente que «en el seno de la orden de protección será siempre inviable la custodia compartida, al existir violencia de género, de acuerdo con el artículo 92.7 CC.». Es decir, que sí que existe un interés en denunciar en falso para que procesalmente sea inviable la custodia compartida, que en prácticamente la totalidad de los casos supone la no concesión exclusiva del uso de la vivienda familiar y la denegación de una pensión de alimentos.

Igualmente es de una irresponsabilidad mayúscula que el propio CGPJ insista en negar la existencia de la alienación parental (página 236 de la guía). En la misma recuerda el Consejo como ya en la guía del 2013 negó toda validez a la alienación parental o manipulación de los menores (se la diera el nombre que se la diera), prohibiendo toda referencia judicial a ello. Pues bien, el Consejo vuelve a invadir competencias que no le corresponden, pues la existencia o no de la manipulación es una cuestión clínica que solo pueden abordar profesionales del ámbito sanitario. Y es más, los jueces españoles están obligados a acatar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció en la Sentencia Sommerfeld contra Alemania [GC] (n.o 31871/96), 8 de julio de 2003 y en el caso Elsholz contra Alemania de 13 de julio de 2000 la obligatoriedad de todos los juzgado de averiguar sí el síndrome de alineación parental o cualquier proceso de manipulación está presente en los menores, así como a determinar sus consecuencias para su desarrollo.

Por ello, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia entendemos que esta llamada del CGPJ a actuar en contra de la jurisprudencia del TEDH atenta gravemente a nuestro sistema jurídico, pues es un caso de desobediencia institucional sin precedentes.

Finalmente, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia queremos llamar la atención sobre el alejamiento del CGPJ de la realidad sociológica de España. Hechos como la falsa denunciante de León, que denunció a su pareja por secuestro, violación y lesiones, cuando la realidad es que la denunciante simuló estos delitos; o el caso de la mujer que denunció hace unos pocos días a su marido por embestirla con su coche y luego denegarla el auxilio, cuando era falso; demuestran que a la sociedad española que es inútil el esfuerzo del Consejo por negar una realidad que conocen todos los españoles.

Nota.- Puede consultar la guía editada por el Consejo General del Poder Judicial en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/OBSERVATORIO%20DE%20VIOLENCIA%20DOM%C3%89STICA/FICHEROS/Guia%20pr%C3%A1ctica%20Ley%20Organica%201%202004%20Observatorio%202016.pdf

- El pasado 7 de noviembre el Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid presentó su balance del último año considerando un avance la personación como acusación popular de la Comunidad de Madrid en cinco procedimientos judiciales relacionados con violencia de género, y anunciando un gasto de 272 millones de euros en la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género.

- Desde la Asociación Europa de Abogados de Familia propugnamos la necesidad de revisar completamente la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021.

Madrid, a 10 de Noviembre de 2016.- Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia no podemos hacer otra cosa que censurar el uso político que la Comunidad de Madrid está haciendo de sus supuestos esfuerzos para erradicar la violencia llamada de género.

El pasado 7 de Noviembre el Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid presentó su balance del último año pretendiendo hacer pasar por un éxito del plan estratégico de la Comunidad de Madrid la personación de la propia Comunidad en cinco procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género; en este sentido desde la Asociación Europea de Abogados de Familia queremos destacar que en todos los procedimientos penales por violencia de género está personada la propia Fiscalía, personación obligado por ley y que por sí misma supone la tutela de los derechos de las víctimas de violencia, por lo que medidas como la tomada por la Comunidad de Madrid suponen un mayor coste de los recursos públicos, sin que se mejore en nada la protección de las víctimas, ni se consiga ningún beneficio social; la única rentabilidad que se pretende obtener de medidas como la ahora mencionada es una rentabilidad política en el sentido de trasmitir la falsa imagen de compromiso con la erradicación de la violencia de género.

La Asociación Europea de Abogados de Familia comparte con la Comunidad de Madrid  el objetivo de la erradicación de la violencia de género, sin bien es cierto que el objetivo de nuestra asociación es un objetivo más ambicioso por cuanto consideramos que se tiene que conseguir la total erradicación de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar mediante la implantación de estrategias y medidas sociales y legislativas que partan de una triple premisa:

·         La presunción de inocencia de todos los miembros de la unidad familiar.

·         El apoyo eficaz a las víctimas de la violencia doméstica sin hacer distingos por razón de la edad ni del sexo.

·         La implantación de un estrategia integral contra la violencia en el ámbito familiar sin sesgos ideológicos y sin discriminación por razón del sexo.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia consideramos que la Comunidad de Madrid tiene el deber de replantearse su  "Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016/2021"  por cuanto su enfoque es errado, discriminatorio y sumamente atentatorio a la dignidad de la mujer y a los principios democráticos.

Efectivamente, el plan estratégico considera a la mujer una incapacitada civil que necesita de especial tutela y protección por parte de la administración, continuando así con formas de legislar propios del sistema preconstitucional español, y haciendo uso de instrumentos jurídicos superados por la realidad social.

La actual estrategia contra la violencia de género entra en colisión con el principio constitucional de presunción de inocencia por cuanto en dicho plan estratégico se parte del falso axioma de la violencia natural del varón; así, y a título de ejemplo, en el Eje I del plan estratégico (sensibilización y prevención) figura como objetivo 5.21 (formación a profesionales) la medida de crear un "servicio de orientación e intervención dirigido a hombres para promocionar el establecimiento de relaciones no violentas", acusándose a todos los hombres de ser violentos y  errando por tanto la estrategia que no debería ir orientado a los hombres, sino simplemente a los maltratadores.

De igual forma el plan estratégico de la Comunidad de Madrid vuelve a olvidar los avances democráticos experimentados por el pueblo español por cuanto distorsiona la realidad socio- laboral tratando de inmiscuirse en la negociación colectiva. Así en el Eje I del plan estratégico (sensibilización y prevención), en su objetivo 4 (prevención del acoso sexual en el trabajo), figura la medida 4.1 que tiene por objetivo la revisión de los convenios colectivos a fin de eliminar las cláusulas discriminatorias entre mujeres y hombres. Medidas como la propuesta demuestra la ignorancia del plan estratégico de la realidad de las relaciones laborales en la España de los últimos 40 años, dejando sin vigor las avances realizados por los representantes sindicales, los representantes patronales, y los propios trabajadores.

Igualmente la Asociación Europea de Abogados de Familia considera que no puede ser válida una estrategia que pretende imponerse mediante el procedimiento de censura y el adoctrinamiento de los menores. No deja de resulta significativo de la concepción de la estrategia en la lucha contra la violencia de género que en la medida 2.5 del eje primero se proponga la creación de una guía de buenas prácticas sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación (censura de la prensa), al igual que en la medida 3.4 se proponga la supervisión y control de los contenidos de los libros de texto usados por los menores madrileños (adoctrinamiento infantil).

Por todo ello desde la Asociación Europea de Abogados de Familia instamos a la Comunidad de Madrid a revisar toda su estrategia de lucha contra la violencia de género y confeccionar una nueva estrategia desde los principios de no discriminación por razón de sexo ni edad, máxima eficacia administrativa, y respecto escrupuloso a los principios constitucionales, teniendo por objetivo ambicioso la erradicación total de todo tipo de violencia intrafamiliar.

El abogado Javier Pérez Roldán insta al Centro Superior de Investigaciones Científicas a no dejarse presionar para retirar el último número de Arbor en el que se cuestiona la ideología de género, tal y como exige una campaña en Change.org.