Nuevamente, con motivo de la Sentencia de condena a Juana Rivas, asistimos al intento de los políticos de acabar con la división de poderes y de imponer un totalitarismo ideológico incompatible con la democracia.
Juana Rivas ha sido condenada aplicando correctamente el Código Penal, y no ha mostrado arrepentimiento ninguno, por lo no cabe la posibilidad de indulto que anticipadamente ha anunciado el gobierno del PSOE.

Madrid.- 27 de julio de 2018 .- Con motivo de la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, gran parte de los representantes políticos, y muy concretamente el Gobierno de España, han hecho declaraciones incompatibles con un Estado Democrático de Derecho que tiene consagrada la división de poderes.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia nos vemos obligados a aclarar varias cuestiones en relación al asunto de Juana Rivas. A saber:

1º.- Juana Rivas ha sido condenada por un delito contemplado en el artículo 225 bis de nuestro Código Penal. La introducción de este artículo estuvo precedida por la Recomendación 66/1999, de 17 de noviembre del Defensor del Pueblo con objeto de facilitar «la expedición de órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición». Tal recomendación, ante el aumento constante de casos de sustracción de menores (protagonizados generalmente por sus madres) fue acogida por el PSOE que en fecha 24 de abril de 2000 presentó una proposición de Ley, a la que se unió otra posterior, de 9 de junio de 2000, del Grupo Popular.

Debemos recordar que es un delito que existe en prácticamente todos los países democráticos de nuestro entorno.

2º.- No es cierta que la condena haya sido especialmente dura. Y ello en tanto en cuanto  el artículo 225 bis establece una condena de «dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años». Sin embargo es el único delito del Código Penal que permite la exención total de la pena si el infractor (el que sustrae al menor) comunica dentro de las 24 horas siguientes a tener conocimiento de la denuncia el domicilio donde se haya y se compromete a devolverlo de forma inmediata. Igualmente, el citado artículo permite otro arrepentimiento aún más tardío, pues si se devuelve a los menores en los 15 días siguientes la condena de reduce a una de entre 6 meses y dos años, con lo cual la imposición de la pena ya lleva aparejada el ingreso en prisión, como sucede con las penas superiores a dos años de prisión. Sin embargo, Juana Rivas en ningún momento quiso acogerse a esas dos posibilidades, por lo que no puede pretender que se le impusiera una pena más leve de la finalmente impuesta.

3º El delito de sustracción de menores es un delito que en todos las legislaciones de los Estados Democráticos tienen penas elevadas por cuanto al fin y al cabo la sustracción es una forma de maltrato a los menores, por cuanto les impide el debido contacto con su otro progenitor. Contacto que todos los psicólogos coinciden en señalar como un elemento necesario para el correcto desarrollo psicológico de los menores. Por eso no podemos olvidar que el caso de Juana Rivas no es nada excepcional. Así, por ejemplo, en el año 2015 32 personas fueron condenadas por este delito en España. De ellos 15 fueron hombres y 17 mujeres, en prácticamente todos los casos se alega como único argumento de defensa que el otro progenitor maltrataba a los hijos. Del mismo modo debemos destacar que este delito es prácticamente el único en donde el número de mujeres condenadas es anualmente superior al número de hombres condenados.

4º En el presente caso, Juan Rivas desobedeció contumazmente varias resoluciones judiciales españolas e italianas, pretendiendo que se impusiera su criterio subjetivo sobre el criterio objeto de varios tribunales que no apreciaron nunca riesgo para los menores ni forma de maltrato alguno por parte del padre. En cambio sí constataron el maltrato materno por el solo hecho de la sustracción. La Sentencia de condena es especialmente clara al describir el comportamiento de la Sra. Rivas. La Sra. Rivas siempre ha hecho mención a que su esposo fue condenado en el año 2009, pero nunca ha explicado cuáles eran los comportamientos de su esposo que le impedirían tener contacto con sus hijos. Del mismo modo, la clase política saca a colación una condena de hace 9 años obviando que en nuestro derecho las condenas «estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», y que los penados tienen también el derecho al olvido. Sin embargo, no explican porque en este caso la condena en su día emitida no surtió el efecto de reeducar y reinsertar socialmente.

5º Finalmente debemos recordar que para poder indultar a Juana Rivas primero debe esperarse a la firmeza de la Sentencia y en segundo lugar debe mostrar arrepentimiento, algo que todavía no ha hecho.

Por todos estos motivos es completamente rechazable la intromisión del poder legislativo y ejecutivo en el asunto de Juana Rivas. En palabras del presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna «todos veríamos mal que el poder judicial se dedicara a criticar constantemente las leyes emanadas del poder legislativo o las decisiones emanadas del poder ejecutivo. Sin embargo, últimamente nos estamos habituando a las críticas despiadadas del legislativo y el ejecutivo a las decisiones judiciales. En el presente caso no es de recibo que la portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad, Ángeles Álvarez haya señalado que el indulto "es obligado" y que la Sentencia de condena sea "inquietante". Lo inquietante es precisamente que el poder legislativo y ejecutivo se pronuncien sobre asuntos judiciales de los que no conocen la integridad del mismo, pues no han estado presentes en las actuaciones; e inquietante es que sin conocer estos detalles siempre se pongan al lado de las mujeres (se encuentren en la posición de víctimas o de victimarias), pues esto manifiesta claramente que se posicionan por motivos ideológicos, no de justicia. Esta forma de proceder, invadiendo las competencias del poder judicial, criticando acerbamente a tal poder, y posicionándose siempre a favor de determinado colectivo, es el propio de los regímenes totalitarios. En los regímenes democráticos, en cambio, se respeta la separación de poderes y se condena o absuelve en función de lo probado en un juicio, y no del posicionamiento ideológico previo.

El caso de Juana Rivas es nuevamente el intento de la ideología política de género de colonizar todos los aspectos de la vida social dividiendo al mundo en buenos o en malos no según sus hechos, sino según su pertenencia a un grupo social u otro».

El triste descubrimiento del cadáver aparecido hace semanas en el hueco de un ascensor del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, pone al descubierto la situación de desamparo de miles de varones.

-                Según las investigaciones el hombre suicidado estaba sumido en una profunda depresión tras su divorcio.

Madrid, a 25 de julio de 2018.- El pasado 10 de julio en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid se descubrió un cuerpo en el foso de uno de los ascensores de ese centro médico. Desde entonces la policía ha estado realizando las indagaciones oportunas para poder descubrir la identidad del cadáver, sin embargo, dichas pesquisas no han dado su fruto hasta que hoy ha sido posible identificar a la víctima de lo que ya se ha confirmado como un suicidio.

Por las informaciones que han transcendido, la víctima, varón de 68 años, dejó en su casa una carta de suicidio en la que exponía que se sintió abandonado por su entorno tras su divorcio. Igualmente, no se puede pasar por alto que Antonio (así se llamaba esta víctima de suicidio) se suicidara el pasado 2 de julio, ya que precisamente un año antes (2 de julio de 2017) el fallecido fue denunciado y detenido acusado de malos tratos en el ámbito doméstico, sin que hasta la fecha haya trascendido más información al respecto.

Casos desgraciados como el conocido como “el cadáver del ascensor” ponen de manifiesto dos graves problemas sociales que parecen no preocupan a los poderes públicos, a saber:

-          El suicido es actualmente la primera causa de muerte no natural. En el año 2014 se registraron 3910 fallecimientos por suicidio. De estos el 75 % afectó a los varones, dado que en dicho año 2938 hombres decidieron quitarse la vida, frente a 972 mujeres.

-          La sociedad deja desprotegido a los varones tras los procesos de separación o divorcio. La actual Ley de Violencia de Genero, y la reiterada práctica judicial que concede en los juicios de separación o divorcio preferencia a los intereses de las mujeres frente a los hombres, es una de las principales causas por las que se crea en los varones sentimientos de frustración, desamparo y abandono, sin que los hombres separados o divorciados cuenten con ningún recurso público, ni social ni sanitario, que les apoye en tan difíciles momentos.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia hemos denunciado de forma reiterada la situación de abandono en la que quedan los menores de edad y los varones tras los procesos de separación o divorcio, y en los procesos penales de violencia de género. Efectivamente, son numerosos los abogados que denuncian la situación de desamparo en la que encuentran miles de varones tras denuncias de violencia de género que quedan archivadas, o situaciones de desprotección en procesos de separación o divorcio en los que se desposee a los varones de sus hijos, su casa, y sus bienes.

Actualmente es frecuente que la justicia española actúe movida por el prejuicio, al considerar en todos los casos que la situación de desprotección es la protagonizada por la mujer, olvidando que en muchos casos son los menores los que quedan en situación de desprotección (al privarles del referente paterno) o los varones, al ser desposeídos de sus derechos con carácter previo a las celebraciones de los juicios de separación o divorcio.

El caso del “cadáver del ascensor” ha puesto al descubierto una situación de desamparo y desprotección que parece no preocupar a los poderes públicos; por ello desde la Asociación Europea de Abogados de Familia, solicitamos a los poderes públicos que con carácter urgente desarrollen las siguientes medidas:

-          Elaboración de un plan estatal de prevención del suicidio. Plan que se tendrá que abordar tras el estudio profundo y sereno de las causas de suicidio, siendo necesario el análisis de la mayor incidencia del suicidio entre los varones.

-          Creación de un Observatorio contra el Suicidio. Dicho Observatorio tendrá como misión principal analizar cada suicidio para establecer los principales parámetros que permitirán tomar decisiones preventivas, a saber: las circunstancias económicas de las víctimas, las circunstancias socioculturales de las mismas y las circunstancias familiares. Estas últimas circunstancias se antojan fundamentales, pues no hay datos estadísticos fiables que nos permitan conocer cuántos suicidios tiene como causa los tortuosos procesos de separación o divorcio.

-          El establecimiento de una línea de atención telefónico a los varones víctimas de los procesos de familia, en la que se pueden denuncia situaciones de abandono o desamparo social y/o institucional.

-          La creación del “Instituto del Varón” que de forma similar al “Instituto de la Mujer” tenga  como funciones el promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la igualdad efectiva de los hombres en la vida familiar, e impulsar políticas para fomentar medidas que promuevan la igualdad real, abordando aquellos campos en los que se observa una mayor victimización de los varones, ya que actualmente el 95 % de los fallecimientos en accidente de trabajo afectan a los varones, un 75 % de las víctimas de suicidio son varones, y un 63 % de la víctimas de homicidio son varones. Igualmente, dicho Instituto tendrá la obligación de promocionar la presencia masculina en puestos de trabajo que actualmente están desempeñados por mujeres (especialmente en al ámbito sanitario y educativo).

-          Hacer campañas institucionales para superar la «puerta de cristal» que es esa barrera invisible que impide a los hombres, después de una separación o divorcio, dedicarse a la atención afectiva de sus hijos y de la vida doméstica con la misma intensidad con que lo hacían antes del proceso judicial, en el que normalmente se les deja como figura residual en la vida de sus hijos.

· La Audiencia Provincial de Badajoz da un paso más para normalizar la Custodia Compartida.

· De hecho, cambia el sentido de su jurisprudencia anterior, pues en casos similares al ahora enjuiciado venía a acordar la custodia exclusiva materna.

· Extremadura, no obstante, sigue siendo la Comunidad Autónoma donde es menor el índice de Custodias Compartidas.

Madrid, a 10 de mayo 2018.- La Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) nuevamente consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En el presente caso la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2ª, revoca la custodia exclusiva de la madre, acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Jerez de los Caballeros y concede la Custodia Compartida a pesar de la oposición de la madre a la misma. La madre alegaba, como único argumento de oposición, las supuestas malas relaciones de los progenitores.

La Sentencia de la Audiencia provincial, dictada el 2 de mayo pero notificada el 9 de este mes, entiende que, en efecto, la concesión de la custodia exclusiva a la madre infringía el artículo 92 del Código Civil, pues debido a la amplitud del régimen de estancias fijado con el padre (que era del 50 % del tiempo) se trataba de una custodia compartida encubierta, por lo que debe ser transformada esta custodia compartida «de facto» en una custodia compartida «de iure».

En el Fundamento de Derecho Cuarto se establece expresamente que debe concederse la custodia compartida por cuanto «Por otra parte las relaciones padre/hijo según también se constata, tras el examen de los autos, es suficientemente entrañable y afectuosa, como para posibilitar un contacto más estrecho, como es propio de la custodia compartida; si a ello se une que, en los autos, no existe prueba de la que se deduzca que bien el padre, bien la madre, no cuenten con capacidad suficiente y aptitudes adecuadas para atender al hijo común, de manera eficaz y satisfactoria, es obvio que debe concluirse que, el interés prevalente del menor aconseja el establecimiento de la custodia compartida».

De esta manera la Sala cambia su criterio previo, pues en la Sentencia 183/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, de esa misma sección 2ª, ante un caso similar al actual, en el que el menor disfruta de un régimen amplísimo con su padre, venía a sostener que este tipo de regímenes amplios eran constitutivos de Custodia compartida encubierta, por lo que no solo no debía acordarse la misma, sino que debían reducirse las estancias. Así en concreto sostenía que «Lo que acordado en la primera instancia es realmente un régimen de guardia y custodia compartida con cambio de domicilio constante del menor (entre dos y cuatro veces a la semana). Tal cosa es totalmente contraproducente y debe quedar sin efectos, sin necesidad alguna de informe pericial que lo corrobore.»

Con todo, lo importante de esta Sentencia recien dictada es que acuerda la custodia compartida a pesar de no haberse emitido informe del equipo psicosocial. Este extremo es una prueba palpable del camino emprendido hacia la normalización de la Custodia compartida, pues ya no se entiende este régimen como un régimen excepcional y novedoso que necesite para su aprobación la previa recomendación del equipo psicosocial.

No obstante todo lo anterior, el abogado que defendió al padre, el letrado don Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna (Presidente de la AEAF) cree necesario alertar sobre la irregular situación en el que se sigue encontrando Extremadura «A pesar de que en los últimos años la concesión de custodias compartidas en Extremadura han aumentado, no obstante sigue siendo la Comunidad autónoma de cola a la hora de la concesión judicial de las mismas. Debemos recordar que por ejemplo en el año 2016 la media de custodias compartidas en España eran del 28,3 %, y sin embargo en Extremadura no pasaron del 8 %. Es más, la siguiente comunidad autónoma por detrás, Murcia, otorga casi el doble, un 14 %, y la siguiente, Andalucí, un 16%. Por tanto, es evidente que Extremadura vive en una excepcionalidad sin justificación alguna que perjudica seriamente a los menores, a los que se les priva del derecho a relacionarse igualitariamente con sus progenitores. Por ello debe hacerse un esfuerzo especial para que los Jueces y Fiscales se formen en igualdad, pues por ejemplo en las presentes actuaciones la Fiscalía solicitó un reparto del tiempo del 50 % pero no se atrevió a solicitar la custodia compartida por temor a la misma ante el desconocimiento de tal figura.»

Por tales motivos desde la Asociación Europea de Abogados de Familia insistimos en la necesidad de formar a los Jueces, Magistrados y Fiscales en igualdad para que perciban las enormes ventajes de la custodia compartida, que permite a los menores disfrutar de sus progenitores en igualdad de condiciones con indepedencia de su sexo, evitando igualmente el conflicto de lealtades, pues el menor no se ve presionado para tener que elegir si quiere más al padre o a la madre.

Puede descargarse la sentencia pulsando aquí.

La Asociación Europea de Abogados de Familia pide un debate técnico, al margen de ideologías de odio, ante cualquier reforma penal.

Igualmente, la Asociación Europea de Abogados de Familia solicita reforzar la independencia judicial para evitar el linchamiento al que son sometidos algunos jueces por resolver en función de criterios técnicos, y no ideológicos.

Madrid, a 7 de mayo de 2018.- Tras la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 20 de marzo de 2018, en el mediático asunto “de la manada”, diferentes representantes políticos han afirmado su voluntad de reformar el Título VIII del Código Penal en el que se aborda penalmente los “delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

La Asociación Europea de Abogados de Familia considera que es necesaria una seria reflexión social y política tras el revuelo provocado por la Sentencia en la que los Magistrados integrantes de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra han resuelto la acusación por agresión sexual contra los cinco acusados.

Lo primero que constatan los abogados integrantes de la Asociación Europea de Abogados de Familia es la manipulación social que algunos grupos de presión ideológica están ejerciendo con total desconocimiento de nuestro Código Penal. Así ha sido lugar común en estos días escuchar que la conducta juzgada debería haber sido considera como violación, y ello a pesar de que en nuestro actual Código Penal la conducta socialmente conocida como violación no esté recogida con tal nombre, dado que sólo se recoge la figura de las agresiones sexuales del artículo 178 del Código Penal (si media violencia o intimidación), y la figura de los abusos sexuales del artículo 181 y siguientes (si no media violencia ni intimidación), por lo que el debate social ya se inicia de una forma completamente viciada.

Sin embargo, estas mismas asociaciones de género, que actúan solo por intereses ideológicos, y no en defensa de las víctimas, han guardado escrupuloso silencio sobre otros asuntos de igual entidad si no más grave, y ello bien porque las autoras de las agresiones fueran mujeres, bien porque la agresión o violación fuera de naturaleza homosexual y no heterosexual, bien porque la agresión, aun siendo heterosexual, estuviera presuntamente protagonizada por «no españoles». Así, ha sido escandaloso el silencio de estas asociaciones feministas de género, y de los partidos políticos (que actúan a su rebufo) sobre los siguientes casos:

1º.- Absolución de abuso sexual cuando la autora es mujer y la víctima un niño de 12 años: El 7 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo confirmó la absolución acordada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación a una mujer de 35 años que, aprovechando que un compañero de trabajo le había encomendado su cuidado, realizó una felación al menor, de 12 años de edad. La Audiencia Provincial de Barcelona la absolvió al considerar que no tenía conocimiento de su edad. En cambio, el Tribunal Supremo, si bien confirmó la absolución por cuanto por motivos técnicos la ley no le permitía revisar los hechos probados en la Sentencia de la Audiencia, no obstante, mostró su oposición a tal absolución manifestando claramente que no es compatible con el principio de igualdad que cuando se juzga a mujeres por estos delitos se haga un interpretación de la ley que siempre las favorece. En concreto, en el Fundamento de derecho décimo sostiene: «No queremos decir, con ello, que esta Sala comparta plenamente la decisión absolutoria adoptada por la Sala de Instancia al aplicar un error de hecho vencible sobre la edad del menor en un supuesto de felación de una mujer de 34 años de edad a un niño de doce, hijo de un compañero de trabajo que la había acogido en su domicilio familiar. En supuestos similares de relación entre un varón de esa edad y circunstancias, y una niña de doce años, esta Sala ha acudido a la calificación del hecho como abuso sexual con prevalimiento sobre víctima especialmente vulnerable por razón de la edad, del art. 181 1 º, 3 º y 4º, en relación con el 180 3º CP, aun cuando se llegase admitir un error sobre la edad exacta de la víctima. La tutela de la indemnidad sexual de los menores que inspira nuestro ordenamiento penal en esta materia así lo aconseja, y este criterio no debería cambiar por el hecho de que la víctima sea varón y la acusada mujer, conforme al principio de igualdad establecido en el art. 14 de nuestra CE.»

2º Absoluciones o condenas mínimas cuando el abuso o agresión es de naturaleza homosexual: Desde estos mismos grupos, que ya vivían en plena agitación propagandística del procedimiento de «la manada» guardaron silencio cuando el pasado 22 de diciembre la Audiencia Provincial de Alicante dictó Sentencia absolviendo a un hombre que mantuvo sexo con un menor (un varón de 15 años) al que conoció por Internet.

Del mismo modo ha guardado silencio ante la más reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que solamente se ha condenado a dos años de prisión a un hombre que abusó de un menor (varón) de 14 años al que había recogido cuando este hacía auto-stop.

3º.- Silencio ante las violaciones y agresiones en grupo cuando los agresores no son españoles: Alicante parece que se ha convertido últimamente en un foco de atracción para el sexo forzado en grupo, a pesar de lo cual estos mismos grupos de presión han guardado escrupuloso silencio, y ello a pesar de que estos casos se produjeron durante el tiempo de espera de la emisión de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.

Así en marzo 2018 la policía detuvo a diez argelinos presuntos responsables de una violación grupal y de varias agresiones sexuales. En concreto encerraron durante 24 horas a una chica de 14 años, a la que violaron todos en repetidas ocasiones. Igualmente violaron en condiciones similares a otras dos chicas de 15 y 17 años.

Y en abril de este mismo 2018 en otra operación sin relación con la anterior la Policía Nacional detuvo a tres argelinos por agredir sexualmente (en compañía de otro más) a una joven de 19 años.

Así pues, ante el aumento constante de los delitos contra la libertad sexual en efecto puede ser conveniente una reforma de nuestro Código Penal, si bien teniendo presente que las agresiones son protagonizadas, indiferentemente por hombres y mujeres y tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales.

Por tal motivo esta Asociación entiende desacertadas las manifestaciones que se están realizando desde instancia políticas relativas a la necesidad de modificar el Código Penal para adecuarlo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla los delitos contra la libertad sexual solo como violencia contra la mujer, obviando que se están incrementado los delitos de agresiones sexuales y abusos sexuales en los que las víctimas son varones (y en algunos casos menores de edad).

Igualmente resulta preocupante que desde algunas asociaciones feministas se insista en la necesidad de cambiar las mentalidades de los operadores jurídicos, ya que según estas asociaciones los jueces deben tener una perspectiva de género que les ha de vincular en el momento de emitir sus Fallos judiciales, es decir, que para algunos grupos de presión alentados por los partidos políticos la justicia no se tiene que aplicar en igualdad de condiciones independientemente del sexo, raza, o religión de los presuntos agresores, sino que la justicia ha de aplicar dogmatismos y prejuicios aunque los mismos no encuentren refrendo en las pruebas practicadas durante la vista oral.

Del mismo modo la Asociación Europea de Abogados de Familia se muestra sumamente preocupada por el ataque a la independencia judicial, considerando improcedentes las críticas vertidas tanto por el Ministro Catalán, como por otros representantes políticos, que consciente o inconscientemente han querido avisar a los jueces y magistrados españoles del peligro de apartarse de lo políticamente correcto, y del riesgo que para sus carreras judiciales puede suponer apartarse de los dictados impuestos por el totalitarismo de género.

Son numerosos los juristas que estos días están abogando por un debate más reflexivo y técnico, debate que no puede ser manchado por ideología espurias defensoras de falsos dogmatismos y que no buscan como fin proteger a la sociedad de las conductas socialmente rechazables, sino únicamente cumplir con sus propios fines políticos alejados de la realidad penal y alejados de la experiencia criminológica.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia se aboga por abordar cualquier reforma del Código Penal en materia de delitos contra la integridad social teniendo en consideración las siguientes líneas definitorias:

-      Abordar este tipo de delitos en consideración a la gravedad de los hechos no en consideración al sexo de la víctima, sin aplicar en la regulación legal ninguna consideración de perspectiva de género que acercaría nuestro Código Penal a legislaciones totalitarias montadas sobre los conocidos como delitos de autor.

-      Abordar las posibles reformas legales desde criterios técnicos jurídicos, y no desde criterios ideológicos o dogmáticos.

-      Garantizar la independencia judicial, con el fin de evitar que con total desconocimiento de la realidad de los hechos enjuiciados, por parte de algunos partidos políticos y organizaciones sociales se produzcan linchamientos mediáticos de los jueces que se resistan a aplicar una justicia dictada no desde la realidad de los hechos, sino desde la imposición de las ideologías dominantes.

-      Garantizar los derechos de las presuntas víctimas, sin merma alguna de los derechos de los presuntos victimarios o agresores.

-      Abordar con más intensidad los delitos de corrupción de menores, pues actualmente desde las instancias políticas, mediante ideologizados planes de estudios, y desde el mundo de la publicidad, se está generando una hipersualización de la infancia, y una banalización del sexo que en algunos casos debería ser tipificado claramente y sin ambages como corrupción de menores.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia denunciamos públicamente que el debate generado tras la publicación de la Sentencia en el caso de “la manada”, es un debate que está tomando derroteros totalitarios al quererse imponer a los Jueces y Magistrados la resolución de los casos judiciales, no en función de su leal saber y entender, sino en función de los intereses de determinados sectores sociales sumamente ideologizados y poco respetuosos con las libertades ciudadanas, y con el Estado de Derecho.

Documentos adjuntos:

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Alicante-absuelve-a-un-hombre-que-mantuvo-sexo-con-un-menor-al-que-conocio-por-Internet

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia: http://www.elmundo.es/espana/2018/05/01/5ae8844b22601d9a728b45b5.html

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2017: https://docs.google.com/a/asociacionabogadosfamilia.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXNvY2lhY2lvbmFib2dhZG9zZmFtaWxpYS5jb218YXNvY2lhY2lvbi1ldXJvcGVhLWRlLWFib2dhZG9zLWRlLWZhbWlsaWF8Z3g6MmI3N2Y4ZDNjYzhkOTZkZQ

El Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Salamanca  acuerda una custodia compartida por semanas alternas de una menor de tres años a pesar de la que la madre sostenía que había malas relaciones, que la custodia compartida no daba estabilidad a la hija común, y a pesar de sostener que el padre había vivido en otra provincia.

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Salamanca, a 22 de febrero de 2018 .- Nuevamente Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En el presente caso el Juzgado argumenta en contra de los motivos opuestos por la madre para que no se acordara la custodia compartida:

·         La madre se oponía a la misma por los turnos rotativos del padre (7 días de trabajo-7 días libres), si bien el Juzgado entiende que nada puede oponer por cuanto ella misma trabajaba una semana en horario de mañana y otra en horario de tarde, por lo que la Sentencia establece que es perfectamente aplicable pues facilita que ambos compaginen su vida personal y familiar.

·         En cuanto a que el padre trabajaba al principio en otra provincia y después solicitara su traslado a Salamanca, no solo no es motivo para denegar la custodia compartida, sino que es un motivo más para acordarla, pues demuestra la capacidad de cuidado del padre, que consiguió tal traslado.

·         La madre alegó que la custodia compartida no daba estabilidad a la menor, pero la Sentencia recuerda que «la Estabilidad supone pautas habituales, rutinas, que también puede tener la menor con este sistema, suficientemente estable, y que no supone el desacarreo continuo de la menor».

·         Finalmente, en cuanto a los desencuentros o discusiones habidos durante la vigencia de las medidas previas, entiende que «se tratan de discusiones explicables en el ámbito de una ruptura de pareja reciente, sin unas medidas definitivas que establezcan pautas estables que necesita la guarda y custodia de los menores»

Es evidente, pues, que en Salamanca poco a poco se va abriendo paso la custodia compartida, pues el Juzgado de Familia de Salamanca, el nº 8, a pesar del cambio de titular, ahora el Magistrado José Lozano Díaz, mantiene los mismos criterios de flexibilidad. Así es evidente que como ya recordó el Tribunal Supremo, las meras discrepancias sobre la conveniencia de la custodia; o las leves discusiones entre los progenitores, no son suficientes para impedir la Custodia Compartida. Y es que hay que demostrar en cada caso concreto que estas discrepancias o discusiones son más perjudiciales para los menores en un régimen de custodia compartida que en un régimen de custodia exclusiva.

Igualmente debemos destacar que cada vez más Juzgados se pronuncian por las consecuencias favorables que tiene la custodia compartida para compaginar la vida personal y familiar de ambos progenitores. Y es que hasta fechas muy recientes se entendía que eran los padres los que debían adaptar sus horarios profesionales a la custodia que judicialmente se fijara, y cada vez se está extendiendo el criterio, más adecuado y flexible, de que es el tipo de custodia el que debe adaptarse a los horarios y condiciones laborales de los progenitores. Y es que al fin y al cabo es lo que hacen las parejas intactas, que hacer uno de parientes o de actividades extraescolares para adaptar al menor a los horarios laborales impuestos por las empresas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Colmenar (que tiene asumidas las competencias de Violencia de Género) acuerda una custodia compartida por semanas alternas de dos menores (uno de 4 años y otro de 18 meses) aun teniendo la madre mejores horarios, contando con ayuda familiar y habiendo cuidado a los hijos desde su nacimiento, y todo ello por cuanto no probó la existencia de ningún motivo que impidiera la custodia compartida.

Madrid, a 25 de enero de 2018.- Nuevamente un letrado de la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.

En este caso la custodia compartida tiene un valor añadido por cuanto concurrieron en la causa varios motivos que la hacían de más difícil consecución:

·         El Juzgado que debía resolverla era el Juzgado que en Colmenar que tiene atribuidas las competencia en Violencia de Género, y ello en tanto en cuanto el padre fue denunciado y finalmente absuelto en juicio oral de un delito de violencia.

·         La corta edad de los menores, el más pequeño de los cuales tenía 18 meses y según la madre aún tomaba lactancia materna. No obstante, tal argumento decayó por la poca credibilidad del mismo, ya que el menor acudía a guardería desde las 8:00 hasta las 14:00.

·         Los horarios por turnos del padre, que trabaja por la noche en semanas alternas.

Es de reseñar, por lo demás, que en la causa no se acordó la realización de informe psicosocial, que se emiten con un año de retraso, ni obraba pericial particular alguna.

La Sentencia, dictada por la Magistrada Rocío Rubio Nuche, establece en su Fundamento de Derecho Quinto que «Es importante tener en cuenta que en el presente caso las alegaciones de la actora no bastan para acordar la custodia exclusiva para ella. Y, desde luego, habida cuenta de la cortísima edad de los menores y que desde la crisis matrimonial hayan vivido con la madre, impide absolutamente que la custodia sea para el padre, más aun atendiendo a los horarios de éste y a que es la madre la que cuenta con ayuda familiar para compatibilizar el cuidado de sus hijos con su vida diaria. Sin embargo, esto no es causa suficiente para atribuir la custodia a la progenitora, ya que no concurre ningún tipo de causa o motivo que impida o inhabilite al padre para que se le atribuyan las mismas facultades de decisión, y el mismo tiempo con los menores que la madre. Y ello sin perjuicio de que, dada su cortísima edad, se facilite así que los mismos se acostumbren a pasar el mismo tiempo con ambos, favoreciendo así las relaciones con los dos y sin que sufran ninguna carencia».

En el presente caso se da además la casualidad de que la Juzgadora cita como jurisprudencia, con carácter principal, la Sentencia del Tribunal Supremo 194/2016, de 29 de marzo, Sentencia dictada en la resolución de un recurso de Casación formalizado por el mismo letrado que dirigía este pleito, el Sr. Pérez-Roldán. Así en el Fundamento de Derecho Cuarto cita los siguientes fragmentos de la misma: «La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares. Pero más allá de este desconocimiento de la jurisprudencia y de un escaso o nulo esfuerzo en incardinar los hechos que se ofrecen por ambas partes en alguno de los criterios reiteradamente expuestos por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, se conoce perfectamente el razonamiento que lo niega y que es, en definitiva, lo que justifica el interés casacional del recurso de casación, que también se formula, por oponerse a la jurisprudencia de esta Sala (…)»

«La sentencia no solo desconoce la jurisprudencia de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a este, de siete años de edad, manteniendo la guarda exclusiva de la madre y dejando vacío de contenido el artículo 92 CC en tanto en cuanto de los hechos probados  se desprende la ausencia de circunstancias negativas que lo impidan»

El pasado 12 de mayo el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales” que supone de facto la derogación de la Ley de Violencia de Género.

“3. En los casos en que la legislación aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo en materia de violencia de género machista, aún cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el Registro Civil”

·         Javier Pérez- Roldán recuerda que en los procesos de familia el principal cliente es el que no paga, es decir el menor, y que la actuación tanto de abogados como de jueces debería tender a la protección de los menores y no a la satisfacción de los intereses de los padres.

·         Igualmente denuncia los perniciosos efectos que la ideología de género está produciendo en las familias, debilitando los lazos familiares y fomentando peligrosamente el individualismo en las relaciones familiares.

Madrid, a 8 de Mayo de 2017.- En una entrevista concedida a la Contra Tv el abogado de Familia Javier Pérez- Roldán denuncia que la aplicación de la ideología de género en los juzgados de familia produce graves injusticias contra uno de los cónyuges (normalmente el varón) y, sobre todo, contra los hijos.

En la entrevista Javier Pérez- Roldán se muestra como un firme partidario de que en los procesos de separación o divorcio, la norma respecto a los hijos sea la custodia compartida, algo que está muy lejos de suceder en la realidad de los tribunales españoles.

El abogado de familia Javier Pérez- Roldán afirmó ante  La Contra TV  que “con carácter general y salvo circunstancias muy excepcionales, el régimen que se debe pedir y el que debiera conceder el juzgado es el de custodia compartida”, régimen que cada vez más mujeres piden, aunque todavía muchas lo rechazan “aunque eso suponga perjudicar a sus hijos“.

Pérez-Roldán entiende que para el abogado de familia “el primer cliente es el que no te paga, que son los hijos” por lo que los abogados de familia tienen que defender por encima de todo el interés de los menores y no el de los padres que se quieren separar.

En la práctica cotidiana de los tribunales para los padres varones es frustrante comprobar que “lo que ellos dicen no se escucha y lo que dice la mujer sin pruebas se da siempre por hechos ciertos”. Igualmente llega a afirmar que “Todos los hombres, cuando concluye el proceso de separación, acaban con una imagen muy negativa de la Justicia“, imagen negativa que también comparten las mujeres “porque muchas veces los tribunales les dan la razón y ellas saben que no la tenían“.

Otra de las denuncias que formula Pérez-Roldán es que los jueces rechazan pruebas que permitirían esclarecer los hechos, como en el caso de un hombre que estuvo tres años imputado por unos supuestos insultos a su mujer por vía telefónica cuya falsedad solo pudo verificarse cuando, aprovechando una baja temporal del juez titular que denegaba la correspondiente pericial, el juez sustituto la autorizó. Inmediatamente el caso quedó cerrado al comprobarse que se trataba de una manipulación de la esposa.

Una de las razones de esta indefensión es que “los juicios de violencia son juicios rápidos“, y en ocasiones se sacrifican las pruebas en aras de una decisión inmediata. Pero luego está la otra cara de la moneda: la lentitud de la justicia en otros casos produce daños irreversibles en caso de órdenes de alejamiento de los hijos. El abogado de familia Javier Pérez- Roldán cita el caso de un padre que no pudo ver a sus hijos durante cinco años por una orden de alejamiento decretada por unos supuestos malos tratos. Cuando finalmente resultó absuelto (el mismo tribunal afirmó que no se debería haber llegado a juicio porque “no había ninguna acusación concreta”), se encontró con que su hijo, de 2 años al inicio del pleito y ahora con 7, no quería verle porque durante un lustro su mujer le había intoxicado contra él.

Al aplicar la ideología de género “se han retorcido los principios generales del Derecho”, sostiene Pérez-Roldán: “La legislación ya es de por sí es injusta porque agrava la pena por el simple hecho de ser hombre el agresor y víctima la mujer, cuando las penas deberían establecerse en función de la entidad del delito cometido”.

Pero aún es “más grave” cuanto se refiere a los jueces, continuamente “reciclados” en cursos sobre violencia de género y machacados con la “alarma social”. “Su libertad queda muy disminuida” porque toda esa presión ideológica “acaba cargando su conciencia a la hora de interpretar las pruebas”; así, en caso de archivo de una causa, reciben quejas de organizaciones feministas y presiones mediáticas que llevan a muchos a tirar la toalla y pedir el cambio de juzgado. En Madrid acaba de darse un caso.

El origen de toda esta situación es una “ley ideológica, como todo lo que llame al género“. Javier Pérez-Roldán hace durante la entrevista un pequeño resumen histórico del origen de la ideología de género como una traslación de la filosofía comunista del ámbito económico al ámbito de la familia, creando una segregación entre hombres y mujeres en virtud de la cual “a un hombre hay que condenarle no por lo que haya hecho, sino por lo que hicieron sus antecesores”.

La familia es el objetivo último de esas “ideas disolventes”. “Buscan hacer una sociedad de individuos, no de familias”, y donde las “verdades absolutas” no tengan cabida. “Este pensamiento líquido de constante cambio”, concluye, “acaba convirtiendo al hombre en un despojo empujado por cualquier viento que sople, un hombre sin arraigo ni certidumbres”.

Madrid, a 05 de abril 2017.- Otro menor ha sido víctima de la violencia doméstica. En esta ocasión la agresora era una mujer de 34 años que tras ahorcar a su hija de 18 meses se ha suicidado.

Los hechos se produjeron en el municipio mallorquín de Llucmajor y según las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil la muerte de la madre y su bebé se produjo en la noche del martes, aunque no fue hasta la mañana del miércoles cuando se pudo localizar sin vida los cuerpos de la madre y de la menor en una edificación rural abandonada próxima a la vivienda de los padres.

Por desgracia este caso no es único, pues según el último estudio publicado por el grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en el año 2015 se dictaron Sentencias que desvelan una triste realidad: las mujeres acaban con la vida de sus hijos con más frecuencia que los hombres.

Efectivamente según el análisis de las Sentencias Dictadas en el año 2015 en caso de homicidios y/o asesinatos de menores a manos de sus progenitores de los ocho menores víctimas 4 fueron víctimas de sus madres, uno fue víctima de su padre biológico, otro fue víctima de ambos progenitores, y dos fueron víctimas de la actual pareja masculina de la madre, es decir en el año 2015 fueron condenadas 5 madres biológicas, 2 padres biológicos, y 2 varones a los que la madre biológica había escogido como nuevas parejas.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia opinamos que es necesario derogar la Ley de Violencia de Género y elaborar una nueva Ley de Violencia Doméstica para acabar con la lacra de los menores muertos a manos de sus progenitores, dado que la actual norma jurídica no establece herramientas para combatir la especial incidencia femenina que detectan las estadísticas en este tipo de horrendos delitos.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia siempre hemos abogado por establecer estrategias integrales para abordar la violencia doméstica, sin reparar en el sexo o identidad de género de los agresores o las víctimas, pues solo desde una consideración global de la violencia doméstica se puede abordar con acierto este tipo de violencia revestida de perfiles propios. Las actuales normas penales inspiradas por criterios ideológicos no están siendo instrumentos idóneos para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito doméstico.

Para leer el informe completo del Consejo del Poder Judicial lo puede consultar pulsando aquí.

En los anteproyectos ARTEfactos el Ayuntamiento de Madrid discrimina a los hombres en la concesión de vivienda pública.

Entre los proyectos se ha presentado “ARTEfacto de Carabanchel piensa femenino”, un proyecto que se desarrollará en el barrio madrileño de Carabanchel y que estará constituido por 18 viviendas destinadas a mujeres con diferentes necesidades: mujeres mayores que viven solas, madres solteras, víctimas de violencia machista, etc.

El espacio de Carabanchel se ha proyectado para el impulso a programas residenciales para trabajar la construcción de comunidad que generen un entorno de apoyo entre vecinas.

El Ayuntamiento de Madrid se ha olvidado que los varones madrileños también presentan necesidades específicas, dado que los datos estadísticos reflejan la existencia de hombres mayores que viven solos, padres viudos con escasos recursos que cuidan en solitario de sus hijos, y hombres víctimas de los juzgado de familia empobrecidos por la aplicación de leyes injustas, víctimas de acusaciones falsas, o reducidos a la pobreza por verse obligados a pasar pensiones compensatorias por encima de sus posibilidades.

Por eso consideramos que es necesario recordar al Ayuntamiento de Madrid que lo varones también tienen necesidad de vivienda digna, y que es necesario desarrollar un plan de acción específico para apoyar a los hombres en estado de necesidad.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia creemos que no es adecuado prejuzgar las posibles situaciones de necesidad en función del sexo del beneficiario, siendo necesario arbitrar los procedimientos administrativos oportunos para detectar los verdaderos estados de necesidad y establecer los mecanismos adecuados para corregirlos.

En este sentido creemos que es inadecuado que el Ayuntamiento de Madrid establezca por la vía de los hechos discriminación alguna en razón del sexo.

Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia no solo manifestamos nuestro desacuerdo con este tipo de discriminación, sino que posibilitamos a todos los ciudadanos que se sientan discriminados la posibilidad de remitir a la alcaldesa de Madrid una petición solicitando que se amplíe el proyecto ARTEfactos para dar soluciones de vivienda digna a miles de madrileños que se encuentran en la calle, o viviendo de la caridad de sus familiare, mediante la firma de una petición pública en el siguiente enlace: http://www.familiaenderechos.es/2017/02/22/carmena-viviendas-para-hombres-victimas/