Tras la apertura del periodo de
consulta pública al Anteproyecto de Ley
Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, la
Asociación Europea de Abogados de Familia presenta un informe solicitando que
la futura ley defienda la Custodia
Compartida como mejor medida para la protección de los menores tras los
procesos de ruptura de pareja, y reconozca el derecho de los menores al libre desarrollo físico, mental y
moral sin injerencias del poder político, eliminando de los planes de estudios
y de las políticas oficiales cualquier imposición de la llamada “ideología
de género”.
Con las medidas propuestas la Asociación
Europea de Abogados de Familia pretende poner límites a la violencia institucional contra la infancia.
Madrid, a 17 de septiembre de 2018.- Dado el fundado interés de la Asociación Europea de Abogados
de Familia en la protección integral de los menores frente a cualquier
tipo de violencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Asociación, en defensa de los intereses de los
menores, ha presentado ante el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social un informe en el periodo de consulta
pública para la elaboración del Anteproyecto
de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la
Infancia.
En su informe la Asociación Europea de Abogados
de Familia solicita que la futura legislación preste especial atención
a un tipo de violencia contra la infancia que suele pasar desapercibida: la violencia institucional contra la
infancia.
La Asociación Europea
de Abogados de Familia quiere recordar que existe la obligación de los
poderes públicos de abstenerse de
desarrollar, propiciar, o incentivar actuaciones y políticas públicas que
puedan suponer un perjuicio para la infancia, existiendo igualmente la
obligación por parte de los poderes públicos de abstenerse de practicar
cualquier tipo de violencia contra la infancia, o desarrollar políticas de
agresión a la libertad de las familias en la educación de los menores, siendo
una realidad incuestionable que los poderes públicos llevan años abdicando de
su obligación en la protección del derecho a la vida y la integridad física y
moral de los menores, mediante desarrollos legislativos que atacan la
integridad moral y física de los menores (hipersexualización
de la infancia y adoctrinamiento
educativo), atacan el libre desarrollo y
el mantenimiento de las relaciones familiares en los supuestos de rupturas
matrimoniales o de pareja, poniendo trabas al libre ejercicio de la patria
potestad, o impidiendo la relación entre los menores y sus progenitores
(impidiendo la custodia compartida), o fomentando, mediante la pasividad de los
poderes públicos, el tráfico de menores (vientres
de alquiler).
La dilatada experiencia de la Asociación Europea de Abogados
de Familia en derecho de familia, y protección de los menores, le
permite presentar este breve informe solicitando a nuestros legisladores la
toma en consideración de nuevas perspectivas para abordar el problema de la
violencia contra los menores.
La necesidad imperiosa de abordar
la violencia contra la infancia desde perspectivas técnico-jurídicas alejadas
de cualquier influencia ideológica que permita configurar una norma desde el
principio de neutralidad ideológica
que ha de inspirar cualquier norma jurídica que pretende contar con el
necesario apoyo social, ha motivado que la Asociación Europea de Abogados de
Familia quiera compartir su larga experiencia en el proceso de Consulta Pública
abierto por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, defendiendo
el principio de “mínima intervención pública” en las relaciones familiares.
En este sentido cabe citar
que en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España, ya se resalta la violencia ejercitada por
los poderes públicos, al manifestar el referido Comité que “el Comité está seriamente preocupado
por: a) El elevado número de niños
atendidos en centros de acogida y el hecho de que, en la práctica, este tipo de
atención es la opción principal utilizada como medida inicial; b) La insuficiencia de recursos, que tiene
como consecuencia demoras en la asunción de la tutela por el Estado y las
deficiencias de las instalaciones y el hacinamiento en algunos centros de
acogida; c) Los casos de malos tratos y
de trato degradante de niños atendidos en centros de acogida, incluso denuncias
de reclusión en condiciones de aislamiento, diagnósticos médicos erróneos y
tratamiento médico incorrecto, además de la falta de sistemas de vigilancia y
denuncia centrados en los niños y de mecanismos de queja a disposición de
estos; d) El apoyo insuficiente a los
niños en su transición de la infancia a la edad adulta”
Desde una perspectiva apoyada en
la realidad de los hechos y en la realidad social, es fácil concluir que
actualmente los poderes públicos son responsables de dos tipos de violencia
contra la infancia que la Asociación Europea de Abogados de Familia teme pasen
desapercibidas en el Anteproyecto de Ley
Orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia, a
saber:
- El
maltrato institucional caracterizado
por la falta de apoyo a las familias y
parejas en fase de ruptura, y la falta de apoyo institucional a la corresponsabilidad parental tras la
ruptura matrimonial o de pareja (custodia
compartida).
- El maltrato institucional caracterizado
por políticas educativas que impiden
al menor el tránsito natural por el periodo de infancia y pubertad, provocando
una hipersexualización de la infancia que desemboca en violencia y
trivialización de las relaciones de pareja, y que suponen una ilegítima
intromisión de los poderes públicos en la libertad individual y familiar de los
menores, a través de la manipulación ideológica de la infancia, en un momento
de sus vidas en que se encuentran indefensos ante cualquier tipo de
ideologización estatal.
Por todo ello en el informe presentado
ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la Asociación Europea
de Abogados de Familia aboga por:
A) La creación de un Instituto de Mediación Familiar para la
Protección de los Menores, que interceda en los procesos de separación y
divorcio (cuando existen menores afectados), con el fin de tratar de evitar la
consumación de la separación y divorcio, creando espacios de diálogos en los
que los padres puedan solucionar la crisis matrimonial o de pareja de forma satisfactoria.
B) El incentivo de la custodia compartida en los casos de ruptura
matrimonial o de pareja, dado que la realidad demuestra que el régimen de
custodia compartida tras la separación o divorcio, es decir la
corresponsabilidad parental tras la ruptura de la pareja, es la decisión más
beneficiosa para la protección de menor, por cuanto evita la orfandad legal de
los menores, y evita la creación de vacíos parentales que pueden ser causas de
desprotección de los menores que faciliten la comisión de violencia frente a
los mismos, violencia ejercitada ya sea por el otro progenitor, por las
instituciones, o por el propio entorno del menor, que aprovechando el
desamparo, la frustración y el complejo de culpabilidad del menor, realicen
hechos que pueden ser catalogados como violencia infantil (ya sea física o
emocional).
C) La eliminación del maltrato institucional
caracterizado por políticas educativas que impiden al menor el tránsito natural
por el periodo de infancia y pubertad.
Actualmente en
España los niños y las familias están expuestos a una violencia institucional
caracterizada por la intromisión de los poderes públicos en la vida familiar
mediante la ideologización de la
infancia, sin respeto alguno a la libertad educativa de los padres, y al
libre desarrollo psíquico, intelectual y moral de los menores. Dicha
intromisión viene caracterizada por planes educativos que, lejos de la neutralidad ideológica a la que
deberían tender, pretenden ideologizar a los menores, violentando el libre
desarrollo emocional de los mismos.
No deja de ser
significativo que según avanza la imposición de la ideología de género en los colegios e institutos se disparan las
cifras de abusos sexuales entre menores; así en su último informa la Fiscalía General del Estado ha
advertido de un importante aumento de los abusos sexuales cometidos por menores
en 2017, recogiéndose que en 2017 se cometieron 1389 delitos contra la libertad
sexual cometidos por menores. Sin duda alguna este aumento de delitos de
naturaleza sexual y violenta se debe a la promoción por parte de los
Instituciones Públicas (mediante los actuales planes de estudios, y múltiples
campañas publicitarias) de estereotipos injustificados en los que se trata de
ideologizar a los menores convenciéndoles del estereotipo del varón violento
que tiene que demostrar su virilidad a través del abuso y la violencia.
Igualmente, los
poderes públicos están incentivando, mediante una educación sexual descontextualizada
a la edad de los menores, las relaciones sexuales precoces, que no sólo suponen
un riesgo para su salud física, sino que ante todo son un riesgo para su salud
mental, al distorsionar los tiempos necesarios para la maduración personal, siendo
este incentivo de la sexualidad un caso extremo de violencia institucional
contra la infancia. Por todo ello cualquier anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral Frente a la
Violencia contra la Infancia tiene que tener como objetivo la prevención de
la violencia institucional, evitando que los planes de estudios y las políticas
legislativas conviertan a los menores en víctimas
de la ideología, y transmitan visiones distorsionadas de la realidad que
fomenten entre la infancia actitudes violentas, y sentimientos de frustración y
fracaso.
Por todo ello en
el informe presentado por la Asociación Europea de Abogados
de Familia se solicita que el Anteproyecto de Ley Orgánica recoja
expresamente:
- El derecho de la infancia al libre desarrollo
físico, mental y moral sin injerencias del poder político, ni de las
administraciones.
- El derecho de los padres a la libertad
educativa de sus hijos, dotando a las familias de instrumentos legales para
defender el principio de la “mínima intervención pública” y el principio de la
libertad educativa.
- Reconozca a los Centros Educativos la libertad
de enseñanza, dotándoles a los mismos de instrumentos legales para evitar el
adoctrinamiento político e ideológico de los profesores y los alumnos.
Recursos
informativos:
-
Informe presentado ante el Ministerio de Sanidad
por la Asociación Europea de Abogados de familia (pulse aquí).
-
Apertura del periodo de consulta pública al Anteproyecto
de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia
por parte del Ministerio de Educación, Consumo y Bienestar Social (pulse aquí).
