El asesinato del pequeño
Aarón a manos de su madre y de su actual pareja pone en entredicho la Ley de Violencia
de Género, y demuestra que la inspiración ideológica de las normas penales no
son un remedio para la solución de la violencia intrafamiliar.
Madrid, a 19 de septiembre
de 2018.- El
pasado jueves 13 de septiembre una mujer de 27 años (madre del menor) y su
pareja de 25 años ingresaron a un niño de dos años en el Servicio de Urgencias
del Hospital General Universitario de Elche. El ingreso era motivado por un
fuerte traumatismo craneoencefálico, supuestamente ocurrido por una caída en el
baño. Sin embargo, el pequeño, llamado Aarón, no pudo superar la severidad de
sus lesiones y falleció el lunes 17 de septiembre.
A raíz de estos sucesos la
ciudadanía ha descubierto la perversidad de la madre, de su nueva pareja, y del
sistema judicial fundado en la Ideología de género.
Y es que resulta que la madre, residente en
Madrid, se separó el padre del pequeño, y decidió cambiar de domicilio con su
nueva pareja, e irse a vivir a Elche, y para evitar que el padre del menor
pudiera ponerle algún obstáculo legal para realizar el traslado le denunció por
violencia de género, imponiéndose al padre biológico, de manera prácticamente
automática, una orden de alejamiento e incomunicación. Esta orden fue
responsable de que desde el mes de abril ni el padre ni la abuela materna
pudieran tener contacto alguno con el niño, pues de hecho la presunta homicida
les quitó de Facebook y de Whatsapp y ni siquiera les dejó ver a
Aarón el día de su cumpleaños.
Este alejamiento forzoso de la familia paterna con respecto al menor
facilitó el comportamiento maltratante de la madre y de su pareja, que acabó
con la muerte del menor. Y es que con motivo del
ingreso en el Centro Hospitalario se descubrieron lesiones antiguas que
demostraban que el menor estaba siendo maltratado, lo que han podido confirmar
los vecinos de la pareja en Elche, por cuanto al parecer siempre se escuchaba
al niño llorar.
Por tanto, es
evidente que esta orden de alejamiento del padre, impidió que el padre biológico, al ver el maltrato del menor, pudiera
denunciar los hechos a las autoridades competentes, de tal manera que se
hubiera evitado la trágica muerte de Aarón.
Al respecto,
debemos recordar que en España mueren asesinados anualmente una media de 20
menores, y mayoritariamente lo hacen a manos de sus madres biológicas o de las
parejas de ésta, y solo en una minoría a manos de sus padres biológicos. Sin
embargo, la legislación de género imperante en España presume siempre la
culpabilidad del varón por ser varón y exculpa siempre a la madre de cualquier
agresión cuando el padre denuncia estos hechos. Tal proceder, lógicamente, pone
en riesgo a los menores, pues lo que parece evidente es que el único
comportamiento conforme a Justicia, Equidad e Igualdad sería estudiar las
denuncias por maltrato exactamente con el mismo protocolo con independencia del
sexo del denunciante o del denunciado.
Lo más
vergonzoso, con todo, es que cada vez se dan más casos de menores maltratados
por sus madres o parejas y sin embargo la administración y la política
permanece callada, pues hechos como el asesinato del pequeño Aarón ponen en
evidencia la injusta ideología de género imperante en nuestro ordenamiento
jurídico.
Por todo ello,
desde la Asociación Europea de Abogados
de Familia solicitamos al Gobierno que tome en consideración la derogación total de la Ley de Violencia de
Género, y se tome en serio la lucha contra la violencia intrafamiliar,
adoptando una nueva política legislativa desde el principio de neutralidad ideológica, estableciéndose en las futuros
desarrollos legislativos como principio básico la prevención de este tipo de
delitos, independientemente del sexo del victimario y de la víctima, respetando
los principios de presunción de inocencia, y no discriminación por razón del
sexo.
Desde la
Asociación Europea de Abogados de Familia consideramos igualmente que la clave de bóveda de cualquier sistema de
protección contra la violencia intrafamiliar ha de ser la protección integral
de la víctima, sin distinción alguna por razón de sexo, y el respeto máximo a
la imparcial actuación de la justicia, sin injerencias políticas o ideológicas.
