5.N -Si la hipoteca la firmaron también mis padres, ¿quedan libres de pagar si la vivienda ha sido asignada en uso a mi esposa y a los niños?



No, en ningún caso.



El supuesto en que la hipoteca la firmaron los dos cónyuges, pero sólo la avalaron los padres de uno (suegros del otro), puede dar lugar a situaciones injustas y conflictivas. Ha sido especialmente frecuente en los últimos años, cuando la operación era dudosa para el banco porque la deuda era muy grande respecto al valor de la casa, o porque los ingresos de la pareja que compraba el piso eran escasos o inestables.



Aquí se aplica siempre la regla de que el divorcio no afecta a los derechos del banco. Por tanto, los padres no pueden liberarse, ya firmaran como avalistas o como codeudores, si el banco no lo acepta. No lo hará salvo que se le ofrezcan garantías adicionales difíciles de conseguir y caras de formalizar.



La situación puede ser muy grave si la esposa deja de pagar la parte de las cuotas a que se haya comprometido. Es cierto que, por un lado, es ella quien corre el riesgo más directo de ser desalojada de la vivienda y perder sus derechos de propiedad en la misma. Pero en no pocas ocasiones, si el banco pidió la firma de los padres y concretamente los de ese lado, es precisamente porque sabía que ellos eran solventes y que tenían ingresos u otras propiedades con los que responder de la deuda. Cuando se dejan de pagar las cuotas, el banco elige entre todas las posibilidades que tiene: reclamar contra los deudores, contra la vivienda o contra los avalistas, contra todos o contra cualquiera, y en el orden que quiera. En ocasiones, será más fácil reclamar las cuotas impagadas a los abuelos que sacar a subasta la vivienda.



Esta realidad puede ser conocida por el cónyuge que tenga e luso de la vivienda desde el divorcio, que, dejando de pagar sabe que el Banco ira en primer lugar contra los exsuegros que contra la casa. En estos casos deben ser estudiados por quien te asesore con detenimiento: en general resultará aconsejable suplir las cuotas impagadas por la otra parte para evitar a toda costa la ejecución, y a partir de ahí, reclamarlas judicialmente contra quien incumplió,y utilizarlo como argumento para una modificación de los efectos del divorcio.